La residencia, todavía pendiente de inaugurar, está situada en Sant Jordi. Foto: GERMÁN G. LAMA

El Govern balear y el Consell han detectado que en el edificio de la futura residencia y centro de día de Sant Jordi, que está recién acabado, han aparecido grietas. Estas instalaciones, que fueron iniciadas en tiempos del PP, llevan ya un considerable retraso, porque aunque el plazo de ejecución de las obras era de diez meses los trabajos ya llevan tres años en marcha. Una de las razones fue la falta de acuerdo presupuestario con el Consell.

Salvados estos inconvenientes financieros y cuando ya se había procedido a la contratación de mobiliario, ambas instituciones han detectado ahora la presencia de estas grietas, lo que provoca una «gran preocupación» en el Govern, según manifestó ayer un portavoz de la Conselleria de Benestar Social.

Estas fisuras se descubrieron antes de Navidad y lo único que saben en este departamento autonómico es que no se deben al asentamiento, que son las que atraviesan la totalidad del muro. Ahora se ha encargado un informe para conocer el alcance del problema y por qué se ha producido. «No sabemos si son peligrosas o no, de todas formas hay que recordar que la residencia todavía no está abierta y no hay nadie», relató el mismo portavoz, que indicó que, evidentemente, estos problemas deberán ser subsanados y costeados por la empresa constructora.

Para 90 plazas

El Consorcio de recursos sociosanitarios y asistenciales (en el que están Consell y Govern) es el que se encarga de la gestión de esta residencia, que tendrá capacidad para más de 90 plazas. Se trata de un centro en el que habrá dos complejos, uno para acoger discapacitados y el otro para enfermos mentales. Ambas dependencias están separadas físicamente, pero comparten espacios comunes. También hay un centro de día y se prevén estancias temporales de sólo algunos días para casos en los que los familiares de enfermos deban salir de viaje.

Desde el Govern negaron que existan problemas financieros para poner en marcha la residencia y recordó que la gestión corresponde al consorcio. De hecho, indicó que en los últimos meses se ha procedido a los últimos acabados y a la dotación de material.

En agosto se adjudicaron dos lotes por valor de 157.000 euros. El primer paquete era para mobiliario para el comedor, talleres y salas comunes de convivencia de los discapacitados psíquicos y personas con enfermedad mental y se adjudicó a la empresa Caudexmobel SL por valor de 102.000 euros. El segundo lote iba destinado a despachos, salas de trabajo, salón de actos, vestíbulos y controles. La empresa Ergo-21 se hizo con este concurso por 54.870 euros.

La última vez que habló sobre la residencia de Sant Jordi, la consellera insular de Política Social i Sanitària, Patricia Abascal, explicó que había habido un problema con Gesa, que no les suministraba electricidad, aunque se pudo resolver antes de final de año. También indicó que se estaban dando algunos retoques y no quiso dar fecha de su puesta en funcionamiento. Ésta no es la única residencia con problemas ya que la de Sant Antoni registra un retraso muchísimo mayor, ya que hubo que volver a sacar a concurso las obras por desencuentros con la empresa constructora.

El presidente del Consell, Xico Tarrés, indicó que no quiere «culpar a nadie» de que la residencia de Sant Jordi tenga «problemas físicos» antes de estar inaugurada. «Cuando haces proyectos tienes que procurar tener la financiación clara y hacer las cosas bien hechas», añadió el presidente en clara alusión a la gestión del PP.

«No podemos inaugurarla de esta forma, para que luego se inunde o tenga problemas estructurales», agregó Tarrés, que indicó que habrá que buscar un punto de entendimiento con la empresa para arreglar esta situación. El presidente está convencido de que «no hay nadie» que tenga más ganas que ellos de inaugurar estas instalaciones, pero no se puede «mientras esté así». El presidente explicó que ahora mismo se está en un punto de paralización en el que no se sabe quién tiene que afrontar este problema, si es el Govern, el Consell o la propia empresa. «No podemos decir pagamos un millón más y ya está, porque nuestra obligación es gestionar el dinero público correctamente».