PP está «disconforme» con la multa impuesta a José Sala y la tacha de «inapropiada e injusta»

Por un lado, el PP insular decidió cerrar filas entorno al primer edil expresando su «disconformidad» con el auto de la jueza Irene Trunyols y calificando la sanción económica de «inapropiada e injusta». «Cualquiera tiene derecho a mostrarse disconforme con el sentido de determinadas actuaciones judiciales como esta, pues de lo contrario, sería como aceptar que los jueces jamás se equivocan, circunstancia que nadie puede garantizar», afirmó el presidente del partido Miquel Jerez, para quien «la actuación de la justicia en este caso se ha caracterizado por haber empleado una celeridad del todo inusual, desacompasada e ignorando el procedimiento administrativo paralelo necesario para licitar las obras de derribo». Jerez afirma que «no se explica ni se entiende que sin haber cumplido con todos los trámites previos que exige la Ley, sea la propia Justicia la que fuerce una situación de dudosa legalidad como es ejecutar un derribo sin estar resuelto el expediente de adjudicación de la obra y sin poder entrar en la propia vivienda», señala, acerca de la solicitud para entrar a la mansión y comenzar el derribo que, según el Ayuntamiento de Sant Antoni, se envió tres días antes de que el Consistorio recibiera el auto que exige el pago de las multas.

Por su parte, el Grup d'Estudis de sa Naturalesa (GEN-GOB) considera «lógico y moderado» el auto dictado por el juzgado y lamenta «que para hacer cumplir la sentencia judicial hayan tenido que transcurrir más de siete años por las continuas maniobras dilatorias y, evidentemente, la nula voluntad de acatar las sentencias judiciales». Asimismo, el grupo ecologista ha querido recordar a Sala «que el auto ha sido emitido por el juzgado y no por el GEN» y le ha acusado «una preocupante falta de respeto por la justicia».

«No hay ensañamiento»

El grupo ecologista desmiente «cualquier tipo de ensañamiento contra el alcalde» y, según destaca, se está «haciendo un ejercicio de paciencia casi infinita ya que, de momento, únicamente está imputado por este caso el ex alcalde, el Sr. Marí Tur, por dar la licencia ilegal». «Pero todavía no está imputado el actual, el Sr. Sala Torres, quien, conociendo el cúmulo de ilegalidades cometidas por el promotor, habla nada más de pagarle indemnizaciones pero no de imponerle un sólo euro de sanción» a Cretu.

«Es demagogia barata»

En este sentido, el GEN quiso recordar que las obras realizadas en la mansión de Santa Agnès «multiplican por siete el volumen autorizado de la licencia» y acusa al equipo de gobierno «de hacer demagogia barata» y de «mentir a la opinión pública hablando de dineros de indemnización que ha de pagar el pueblo, cuando lo que se debe hacer es imponer las sanciones que toquen al Sr. Cretu, las cuáles, dada la diferencia entre lo que está autorizado y lo que está edificado, daría como resultado un importante saldo a favor de la institución». «Sólo pierden los nervios cuando los que tienen que pagar son ellos de su propio bolsillo», concluye el GEN, que destaca además que el caso Cretu «es uno de los ejemplos más vergonzosos del tercermundismo al que pueden llegar las instituciones».

Desde el grupo municipal PSOE-ExC afirman que el equipo de gobierno «no puede escudarse en que no le dan el permiso para entrar a la casa cuando tuvieron 18 meses para ejecutar la sentencia». «¿Qué miedo tiene a cumplir la sentencia? ¿Hay intereses detrás? se pregunta la oposición, que considera que Sala «se está desacreditando como alcalde y como abogado, porque sabe que las sentencias son para cumplirse». «No entendemos el cinismo en contra del GEN porque es la entidad denunciante, el culpable es el que incumple la ley», asegura PSOE-ExC, que destaca que «algo pasa en Sant Antoni en general». «Tenemos imputados al aparejador, al mismo alcalde, tenemos un policía detenido y un celador también detenido. Hay demasiados casos de corrupción y de faltas», concluye la oposición.