El juez declara secreta una pieza del 'caso Ibatur' que apunta a la ex cúpula de Turisme

La Fiscalía Anticorrupción y el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional han hallado nuevas vías de investigación tras analizar la abundante documentación intervenida en la sede del Instituto Balear de Turisme (Ibatur), e interrogar a más personas.

Las pesquisas se centran, ahora, en el papel desempeñado por la anterior cúpula de Turisme, encabezada por el ex conseller y actual portavoz del PP en el Parlament, Joan Flaquer, en el desarrollo de la supuesta trama. El soporte contable intervenido y los testimonios apuntarían de lleno al equipo directivo de Flaquer, circunstancia que ha aconsejado al juez instructor a declarar secreta esa pieza del 'caso Ibatur'.

La causa parecía cerrada tras la confesión del ex asesor jurídico del Ibatur y gerente del Ib Blau, Miguel Àngel Bonet, que reconoció ante la Policía, y más tarde ante el juez de guardia, haber cobrado unos 85.000 euros de las arcas del Ibatur utilizando como testaferros a varios de sus familiares, entre ellos, su madre y su ex cuñado, Miguel Garí. Tanto Bonet como Garí están en libertad bajo fianzas de 85.000 y 21.000 euros, respectivamente. Ambos están imputados por la supuesta comisión de los delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental.

Pero el hallazgo de nuevas supuestas pruebas indiciarias contra los máximos responsables de Turisme en la anterior legislatura ha dado al caso un giro de 180 grados. Cuando estalló la causa, el pasado mes de febrero, la policía judicial se desplazó a la sede del Ibatur para solicitar fotocopias de diversos contratos firmados durante el Govern de Jaume Matas relacionados con diversas empresas proveedoras de servicios a ese departamento de Turisme.

Joan Flaquer negó las imputaciones de Miguel Àngel Bonet cuando estalló el 'caso Ibatur' al asegurar que no se sostiene el argumento de que había una trama orquestada para que dinero del Ibatur fuese a parar a las arcas del PP. Dijo, también, que en su gestión de conseller siempre actuó «dentro de la legalidad» y que jamás ha presionado a este funcionario ni a ningún otro para cometer cualquier tipo de «irregularidad». El diputado 'popular' enfatizó que la relación con el imputado por supuesta malversación era «estrictamente laboral» y que su cargo dentro del Ibatur «no era de confianza», como lo acredita su puesto de funcionario.