La Cambra de Comerç d'Eivissa i Formentera presentará este lunes en los juzgados de Palma una querella contra el director general de Comerç del Govern, Pere Trías, por prevaricación por retrasar el proceso de reparto de bienes tras la escisión de Mallorca y tratar de conseguir una tasación que beneficie a la entidad mallorquina. En caso de prosperar la acusación de la entidad, el miembro del equipo de la consellera Francesca Vives podría ser inhabilitado para ejercer cargo público entre siete y 10 años.

«Después de dos años y medio, cuando se debía haber resuelto todo en seis meses, nos vemos en la obligación de ir ante la Justicia ya que, en todo el procedimiento, lo que está haciendo (Trías) es dilatar el proceso e intentar repartir inadecuadamente los fondos de las cambres conjuntas de Mallorca, Eivissa y Formentera», aseguró el presidente de la entidad cameral pitiusa, Joan Tur Ripoll. «Ante esta indefensión y perjuicio que sufrimos, puesto que al no resolverse el expediente no hemos recibido ningún bien tras la segregación, nos vemos en la obligación de iniciar el proceso judicial ya que no tenemos una respuesta de la Administración», reiteró.

Beneficiar a Mallorca

El abogado de la Cambra, José Antonio García Trevijano, explicó que la denuncia que se presenta pasado mañana refleja una situación en que «hay una paralización consciente del procedimiento y lo que hay detrás es un flagrante fracaso de lo que era una pretensión preconcebida de repartir indebidamente el patrimonio, ni más, ni menos».

«Para resolver en justicia este expediente es muy sencillo, lo que es muy difícil e resolverlo como quieren hacerlo, como ya intentó el director general en su propuesta de febrero de 2008, que es el de asignar el edificio de la calle Estudi General de Palma por el valor que quiera asignarle la Cambra de Mallorca», reiteró.

Además de la dilatación generalizada del proceso, la queja de la entidad pitiusa incluye el hecho de que la nueva valoración de los bienes ordenada por el Consell Consultiu haya sido realizada por el mismo técnico que hizo la primera y se hayan tardado cuatro meses a remitirla desde que se formuló, el 11 de noviembre.

Las críticas a este documento incluyen el hecho de que se utiliza como base la anterior tasación (que no usaba el valor de mercado y fijaba un precio total de los bienes de 4,5 millones) y se determine que se debe reducir entre un 5% y un 10% del valor por la caída del valor de los inmuebles desde 2006. La Cambra defiende que el precio de mercado se debe analizar con datos de 2006 y no según los precios medios actuales.

Trías, se mostró sorprendido y enfadado por la decisión de la Cambra d'Eivissa. «Han perdido el sentido común. Yo no he retrasado nada y, si lo he hecho, es por llevar al Consell Consultiu el acuerdo de la Comisión Liquidadora que se había aprobado por unanimidad. Gracias a mi se ha parado el reparto que estaba acordado y que tanto rechazan ahora», declaró.

Trías, que dijo sentirse «cansado de tanto insulto vertido contra mí a través de la prensa», dijo comprender el enfado por la lentitud del proceso pero negó ser el responsable. «Yo soy el primero en no entender este retraso y están en su derecho en reclamar por ello», aseguró.

Trías negó que haya actuado para favorecer a Mallorca, reiteró que el acuerdo de liquidación «fue aprobado antes de que entrara en la conselleria» y negó que no se haya dado información. «Se les ha dado todo lo que han pedido e, incluso, si me hubieran llamado por teléfono, seguro que se habría podido solucionar todo más rápido que con este follón», añadió.