La asociación de taxistas Unió Pitiusa de Autónoms del Taxi ha presentado una querella ante el Juzgado Decano de Eivissa contra el concejal de Movilidad de Vila, Joan Rubio, a quien acusa de un presunto delito de «prevaricación» por aprobar la concesión de seis nuevas licencias en base a «datos falsos».

La querella asegura que la razón para la aprobación de estos permisos «no es otra que el ánimo recaudatorio del Ayuntamiento», que «obtendrá 150.000 euros por cada licencia, es decir, la nada despreciable cantidad de 900.000 euros que engrosarán las arcas municipales gracias a una memoria técnica absolutamente artificial, sin base real alguna y construida a base de unos datos falsos».

En este sentido, la denuncia solicita «la nulidad de la memoria», entre otras razones, porque el Consistorio justifica para aprobar las licencias «que en temporada baja existen únicamente 40 taxis» mientras que, según la agrupación denunciante, «120 taxis existentes se estructuran en tres grupos de 40 cada uno, quedando por lo tanto 80 taxis para prestar servicio cada día de la semana».

Asimismo, la querella indica que «tampoco es cierto lo afirmado por la memoria municipal respecto a un sólo turno de trabajo» ya que, según indica, «cada vehículo puede trabajar con dos o más conductores, existiendo en la actualidad, incluso en temporada baja, muchos vehículos que realizan más de un turno; prácticamente la mayoría», apunta.

Por otra parte, el escrito de denuncia asegura la asociación ha puesto de manifiesto al Consistorio «su mala fe al interpretar y tergiversar de forma dolosa los datos que han estado utilizando para justificar una decisión que además de arbitraria perjudica a un amplio número de trabajadores». «Frente a ellos utiliza la falsedad y los espurios intereses para justificar lo injustificable llegando a resolver de forma injusta a sabiendas sobre una cuestión que les afecta directa y gravemente».

La querella solicita además una copia de toda la documentación relacionada con la concesión de las licencias y que se tome declaración no sólo a Joan Rubio sino también los técnicos que elaboraron el informe.