Marí Tur no denunció la destrucción de hallazgos arqueológicos porque era «partidario del diálogo»

La denuncia que ha derivado en estas imputaciones la interpuso el GEN y hace referencia a los restos arqueológicos destruidos durante las obras en el segundo cinturón de ronda. Existe otra denuncia por la destrucción de restos encontrados durante los trabajos en la autovía de Sant Antoni que aún está estudiando el juez.

Patrimonio destruido

Entre los bienes cuya destrucción se atribuye a la empresa MAB durante la construcción de las carreteras está parte del BIC del camino de Puig den Valls, una cisterna púnico-romana en Can Misses, una necrópolis rural romana, un tramo de 20 metros de acueducto romano junto a Gesa, un edificio de época púnico-romana, una sitja y un yacimiento arqueológico en Can Sifre.

Antes de citar a Botja como imputado, el juez encargó un peritaje que realizó una experta del Ministerio de Cultura y que concluyó con que los daños al patrimonio «se hubieran podido evitar» si se hubiera «cumplido la legislación». A raíz del peritaje se emitió un auto judicial que señalaba que «llama especialmente la atención que, al parecer, no se haya incoado ni un solo expediente de infracción de la Ley de Patrimonio a la empresa adjudicataria de las obras pese a la palmaria evidencia de algunas infracciones». Ayer, el juez preguntó a Botja reiteradamente por qué no expedientó a la empresa que construyó las autovías, MAB, pese a las advertencias, denuncias y evidencias y éste respondió que no lo hizo porque «optó por el diálogo y la colaboración con la empresa», según manifestó su abogado.

Dijo que habló con «Sancho», de MAB, de quien no recuerda los apellidos, [Sancho Àlvares, entonces jefe de la obra de la UTE de la que formaba parte MAB], y que «dejó claro» que se debía hacer un «seguimiento arqueológico». El juez también le preguntó por si «en las decisiones tomadas pudo tener algún tipo de influencia la circunstancia de que un seguimiento arqueológico detallado de las obras podía suponer paralizaciones y retrasos para las mismas» y Botja dijo que no, y más aún, dijo que «tenía interés en que las obras se hicieran con el seguimiento arqueológico adecuado, con las paralizaciones necesarias y sólo eliminando aquellas que fueran innecesarias».

Por su lado, Arabí también manifestó no haber propiciado la destrucción de los hallazgos y en cuanto a por qué no se expedientó a la empresa dijo que no sabe si él tenía facultad para ello.

Tras declarar ante el juez, el ex conseller de Patrimoni Joan Marí Tur, Botja, dijo, por boca de su abogado, que ha dedicado su vida a «la defensa del patrimonio de Eivissa» y que ha escrito varios libros al respecto. Fue éste uno de sus principales argumentos de defensa, porque en respuesta a la primera pregunta del juez, que hace referencia a por qué se permitió a la empresa que iniciara las obras «sin tener contratado seguimiento arqueológico» y que por qué no se emprendió algún tipo de actuación administrativa cuando se comprobó que las obras habían pasado por encima de una cisterna de época romana, respondió que lleva «más de 40 años de servicio en la Administración Pública», que siempre ha «tratado de desempeñar los deberes según su conciencia y con la máxima dedicación posible» y que, en cuanto a la pregunta concreta, que «siempre ha sido partidario del diálogo».