Una diputada del PP, Catalina Soler, utilizó ayer los argumentos del grupo ecologista GOB para mostrar su oposición al llamado 'decreto Grimalt', que modifica media docena leyes y normas garantistas para agilizar determinados proyectos, mientras que el único diputado 'verde', Miquel Àngel Llauger, lo defendió en nombre del Bloc y señaló las ventajas de la medid. En su opinión, las reformas previstas en el decreto «no rebajan el listón» de la protección ambiental y aún se pueden presentar enmiendas.
El 'decreto Grimalt' es una propuesta del Govern de Balears, concretamente del conseller de Medi Ambient, Miguel Àngel Grimalt (UM) y se justifica por la necesidad de agilizar proyectos en tiempos de crisis, en la misma línea que el 'decreto Nadal'. El PP, tras criticar el decreto, optó por abstenerse, ya que en un trámite parlamentario posterior verá cómo se introducen algunas de sus enmiendas.
La medida aprobada ayer prevé la reforma de seis leyes y disposiciones que relajarán o harán innecesarios informes de impacto ambiental para determinadas construcciones, como escuelas o equipamientos públicos. También se reducen trámites para proyectos de particulares. Soler (PP) se preguntó «que habrían dicho de nosotros si el Govern hubiera aprobado una medida de este tipo»
Este debate, impensable hace algunos años, fue uno de los platos fuertes del pleno que ayer celebró la Cámara balear, el último del actual periodo de sesiones y durante el cual Rosa Estaràs, que fue elegida eurodiputada del PP el pasado domingo, se despidió de la Cámara aprovechando su turno de preguntas al president Francesc Antich.
Reactivación económica
Estaràs aprovechó su despedida para pedir a Antich colaboración con la persona que le sustituirá al frente de la portavocía del PP así como que promoviera acuerdos entre Govern y PP, para asuntos de relevancia. De hecho, ayer se aprobaron varios puntos del orden del día con acuerdo casi total e, incluso, se aprobaron seis propuestas del PP, contenidas en una moción, para mejorar la coordinación institucional tendentes atender a personas desempleadas.
El 'decreto Gimalt', el punto más polémico de ayer, forma parte del paquete de medidas que pretenden reactivar la economía en tiempos de crisis y, según el conseller de Medi Ambient, permite reducir los plazos en los trámites de la Conselleria y establece plazos a otras Administraciones y promotores, además de simplificar los procedimientos. Los equipamientos sanitarios y docentes no previstos en el planeamiento urbanístico que no ocupen más de 2.700 metros cuadrados de parcela y los equipamientos deportivos que no ocupen más de 1.700 metros cuadrados no estarán sujetos a evaluación de impacto ambiental, según especificó.
Además, las modificaciones restrictivas de planeamientos urbanísticos y ambientales no estarán sometidas a tramitación ambiental, al igual que tampoco los catálogos de patrimonio histórico, los planes de ordenación de los recursos naturales ni los planes rectores de usos y gestión, siempre que supongan un mayor grado de protección patrimonial y ambiental.
Durante el pleno, y en respuesta a una pregunta de los 'populares', Grimalt dijo que esperaba que antes de final de junio llegara el dinero del convenio para pagar la compra de la finca de Planícia (Banyalbufar). Dijo que, de otro modo, «me sentiría estafado».
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