PSOE-ExC quiere que Pantaleoni dimita por tener «en el cajón» facturas por 4 millones

Desde la coalición de izquierdas votaron en contra y criticaron que se pida un préstamo para pagar facturas que en algunos casos datan del año 2004. «Nunca habíamos sabido que existían», criticó Carrascosa, que indicó que no se pueden «tener en un cajón facturas por valor de 790 millones de pesetas», por lo que van a pedir también la intervención del Tribunal de Cuentas.

Cuatro años sin pagar

La portavoz de la oposición aseguró que el equipo de gobierno ha «derrochado a escondidas» porque entre las facturas está el arreglo de la calle en la que vive el líder del PP en el Consell, Pere Palau. «Todos los ciudadanos tenemos derecho a tener nuestra calle arreglada, pero estas cosas suelen estar presupuestadas y pasan por comisiones y plenos; sin embargo, en este caso pasó por la puerta de atrás, a escondidillas», criticó Carrascosa, que reveló que el importe de arreglo de esta calle asciende a 575.000? que se han pagado «fuera de todo control» cuando por ejemplo la zona de ses Païsses está «dejada de la mano de Dios». También lamentó que se haya retrasado cuatro años el pago a una asociación de ayuda a enfermos mentales, algo que calificó de «deplorable».

El concejal de Hacienda, Joan Pantaleoni, explicó que se trata de un crédito a pagar en seis años para abonar facturas de «forma excepcional», una posibilidad que ha permitido el Gobierno central, consciente de los problemas de financiación por los que atraviesan las entidades locales. También aseguró que se trata de un plan de saneamiento totalmente «asumible». «El Consell hará lo mismo dentro de unos días», anunció Pantaleoni, que negó haber escondido facturas y aseguró que no hará falta subir los impuestos a no ser que fuera necesaria una inversión extraordinaria. El alcalde, José Sala, defendió también que todo se ha hecho bien y consideró «lamentable» y «demagógico» que la oposición saque la factura de la calle de Pere Palau porque el Ayuntamiento arregla calles de ciudadanos de todos los colores políticos.

El Consistorio aprobó ayer también ampliar en 180.000 euros la contrata de basuras de la empresa FCC. El concejal de Medio Ambiente remarcó que se dará más servicio con una recogida más asidua y mejores medios, pero Carrascosa criticó que se reducirá la frecuencia de limpieza de contenedores y la recogida de vidrio. Asimismo se aprobó un gasto extra para la construcción de la nave de FCC, algo que la oposición también criticó como «mala gestión».

El equipo de gobierno consiguió ayer el apoyo de la oposición para reclamar al Govern balear que ejecute varias inversiones que había prometido pero que no se llegan a materializar. Una de las peticiones es que se haga la segunda fase del centro Can Portmany de Sant Rafel, donde está previsto un pequeño auditorio. El alcalde explicó que reclamó esta inversión al conseller balear de Turisme en presencia del presidente del Consell, Xico Tarrés, pero el conseller no ha hecho nada para solucionarlo.

Por otro lado, desde el Ayuntamiento de Sant Antoni reclaman que se arreglen los desperfectos causados por los temporales en el paseo del dique de Sant Antoni. La concejala de Urbanismo, Pepa Costa, explicó que Ports de Balears (dependiente del Govern) les prometió que lo arreglarían pero han pasado tres meses y todavía no se ha hecho. «Nos sentimos abandonados», dijo Costa. Carrascosa acusó al Ayuntamiento de tener mala relación con este organismo, pero Sala matizó que son los de Ports los que «se ofenden cuando discrepamos».

Por otro lado, el Ayuntamiento aprobó una moción presentada por PSOE-ExC para que la Policía Local vaya provista de cámaras para fotografiar infracciones de tráfico y evitar quejas posteriores. Sala también se comprometió a presupuestar para el año que viene el arreglo de la entrada de Sant Rafel.

El teniente de alcalde de Sant Antoni, Joan Pantaleoni, explicó ayer a preguntas de la oposición que no han presentado la factura del coste del derribo de la casa Cretu a su propietario porque todavía no se ha pagado del todo la demolición. Esto es así porque hubo una inspección del Consell y del Govern para comprobar si se habían enterrado restos ilegalmente durante el derribo. Pantaleoni informó de que sólo hay restos de obra, pero no de madera ni plásticos, según el informe del Consell, por lo que ahora tienen que esperar a ver si Medi Ambient autoriza dejarlos. Por otro lado, el pleno también aprobó los escritos que se han enviado al juzgado informando de la finalización de la demolición de la mansión y solicitando que se levante la multa de 1.000 euros mensuales que se le exigían al alcalde mientras no estuviera finalizado el derribo. También se ha enviado otro complemento con la acta de una reunión entre la dirección de obra del Ayuntamiento y la empresa que ha ejecutado la demolición junto a un reportaje fotográfico.