El juez sospecha que "desde las más altas instancias" se "forzó" a cometer delitos

El juez instructor de la operación espada, José Castro, concluye en su auto de prisión eludible mediante fianza, al que ha tenido acceso Ultima Hora, que los cinco detenidos de la 'operación Espada', Rafael Durán, Jorge Moisés, Pepote Ballester, Miguel Romero y Miguel Àngel Rodríguez, son responsables de «delitos de prevaricación, cohecho, malversación de fondos públicos y falsedades documentales, para los que se prevé penas superiores a los dos años de prisión». Conforme a esto, el juez decretó ayer prisión provisional y comunicada eludible bajo fianza de 15.000 euros a Durán, 50.000 euros a Moisés y Ballester, 25.000 euros a Romero y otros 15.000 euros a Rodríguez. Asimismo, todos ellos tienen la obligación de comparecer ante el juzgado los días 1 y 15 de cada mes o siempre que sean llamados.

«Indicios de criminalidad»

En el auto, dictado ayer de madrugada tras tomar declaración durante todo el día a los imputados, se concretan toda una serie de hechos «sobre los que recaen indicios de criminalidad» y por dos veces se refiere a «las más altas instancias» como responsables de algunas decisiones delictivas.

En primer lugar establece que de las actuaciones realizadas «se desprende que existen serios y vehementes indicios» de que con ocasión de la construcción del velódromo Palma-Arena y de la constitución del Consorcio que lo gestionaba, uno de sus miembros, Rafael Durán, quien ostentaba, por delegación de la entonces alcaldesa de Palma, Catalina Cirer, el cargo de presidente de su Junta Rectora, «hizo gala de una absoluta dejación de sus funciones». «De tal manera -prosigue el auto- que permitió que la cúpula de poder de la misma la ejercieran de hecho Jorge Moisés, a la sazón gerente del Consorcio, y otro miembro del mismo, José Luis Ballester, director general d´Esports». Estos dos, indica, tomaban decisiones que sólo correspondían a la Junta Rectora, como la de cesar «sin clara justificación» al anterior arquitecto nombrado, Ralf Schürmann, a quien «desde las más altas instancias se forzó desde el inicio a una forzada colaboración con el gabinete de arquitectura de los hermanos García-Ruiz». A estos, prosigue, «se les contrató, también por alta insinuación que se espera concretar, para sucederle prescindiendo del más elemental procedimiento administrativo de contratación».

El magistrado-juez del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma añade en su auto que fueron los hermanos García-Ruiz los que «decidieron» que la publicidad del velódromo y del Campeonato del Mundo de Ciclismo de 2007 «se canalizara a través de diversas empresas gestionadas por Miguel Romero, a quien luego el PP encomendó la campaña de las elecciones municipales y autonómicas de 2007, percibiendo el primero de ellos comisiones que iban del 3 al 8% de las facturaciones».

Cargos al erario público

De Miquel Romero, responsable de la agencia de publicidad Nimbus, el auto desvela que «cargaba al erario público (...) facturas por viajes que en la mayoría de los casos eran innecesarios (...), por importes escandalosos» o «facturaciones de hoteles que nunca llegaron a usarse». De él también se especifica que «se beneficiaba de obtener adjudicaciones de contratos del Govern prescindiendo de los obligados procedimientos administrativos acudiendo al expeditivo recurso de fraccionar el importe de la obra o servicio entre distintas empresas vinculadas entre sí para no superar los umbrales legales de contratación directa».

Sobre Pepote Ballester el juez estima que «se notan claras connivencias» entre éste y determinados adjudicatarios, «entre ellos el proveedor del marcador de alto coste» (que costó 1.992.000 euros a las arcas públicas y cuya compra es investigada), o «un constructor que simultaneaba trabajos para la administración y en la construcción de una vivienda propiedad de aquél y cuyos honorarios de arquitecto pretendió cargar al erario público no consiguiéndolo gracias al rigor de otro funcionario que no se prestó a ello».

Sobre la UTE que construyó el velódromo, integrada por FCC y Melchor Mascaró, «se aprecian claras irregularidades y favoritismos que permitieron que dicha UTE pudiera cargar sin el menor sonrojo facturas de importe superior al debido o por conceptos no repercutibles, todo por elevados importes, siendo el gerente de la misma Miguel Àngel Rodríguez». El juez advierten que estos hechos son «sólo una muestra de los que se está en vías de constatar».