La ordenanza cívica de Vila suma en su primer mes de vigencia 51 sanciones

El mayor número de multas se produjo en el apartado de perturbación del orden público, en cuyo marco se emitieron 18 acciones. Le siguen las infracciones de publicidad dinámica, con 10 sanciones, molestias de animales de compañía, venta ambulante y aparcacoches ilegales, con cinco multas en cada apartado.

El conocido como «botellón» se ha cobrado dos sanciones administrativas, mientras que fueron dos personas más quienes deberán responder por depositar basura fuera del horario establecido y un ciudadano tendrá que hacerlo, además, por Degradación Visual del Entorno.

Por otra parte el Ayuntamiento de Eivissa ha interpuesto tres sanciones administrativa en materia de prostitución. Se trata de los casos «más destacados por la prensa», tal y como concretaron, aunque «de igual cariz que los arriba descritos», ya que la prostitución en la vía pública «es un hecho punible», concretaron desde el Consistorio.

La pretensión de esta nueva ordenanza cívica es «regular muchos aspectos de la vida en la calle, y no exclusivamente el ofrecimiento o compra de servicios sexuales», matizaron. El objetivo principal de este documento reside «en regular los usos de las vías públicas, en las cuáles convive toda la ciudadanía», añadieron.

En este sentido, dicho texto establece una serie de sanciones tanto para quienes ofrecen servicios sexuales como para quienes los demandan, «siempre con el fin de no penalizar exclusivamente a las mujeres, que normalmente son las principales víctimas de la prostitución», apuntaron.

El Ayuntamiento de Eivissa presentó el pasado mes de enero los contenidos de su Ordenanza Cívica que regula aspectos tan dispares como el consumo de alcohol en la vía pública, el uso de bicicletas, la mendicidad, las deposiciones de mascotas, o el comercio ambulante.

El primer teniente de alcalde del Consistorio, Vicent Ferrer, destacó que este documento se basa en la convivencia, el respeto muto y la tolerancia global a ámbitos tan dispares como el arte, la religión o la lengua y que busca que el ejecutivo ejerza de mediador en la regulación de actividades que puedan traducirse en cualquier tipo de conflicto.