«Estoy preocupado por esta situación porque tenemos un montón de gente que nos pide indemnizaciones fuertes en Cala Molí, en Cala Tarida, en sa Caixota... Sólo en sa Caixota nos reclaman 12 millones de euros y en Cala Molí casi siete millones», explicó Marí Ribas, que recordó que todavía está por ver las reclamaciones que surgirán tras la protección del Govern de Punta Pedrera y Cala d'Hort.
El alcalde destacó que el problema es que muchos propietarios tenían licencias pese a que esos permisos muchas veces no cumplían la ley. «Estamos revisando licencias y hemos parado obras que hemos enviado al Juzgado para ver si las licencias están bien dadas o no y si resulta que están mal dadas los promotores nos pedirán una indemnización porque tenían un informe positivo», explicó el primer edil, que indicó que se encuentran «cada día» con problemas derivados de la aplicación de «forma laxa» de la normativa urbanística que se hizo durante años en el Ayuntamiento de Sant Josep.
Un ejemplo es que cuando hay superposición de normativas el Ayuntamiento siempre está obligado a aplicar la más restrictiva. «Pero antes, si la autonómica era más restrictiva se aplicaba la municipal y al revés, siempre se buscaba lo más beneficioso para el promotor», explicó el alcalde, que sostiene que la ley se aplicaba «de forma muy equivocada». Otro ejemplo es que muchas veces se «duplicaban y triplicaban» las unidades de viviendas que se podían construir y tampoco se hacían las obligatorias cesiones de zonas verdes.
«Nos han puesto un buen montón de recursos y otros que seguramente saldrán», vaticinó el primer edil, que indicó que también se dieron licencias a casas que estaban dentro del Àrea de Protección Territorial (APT) de costa y que no se podían dar. En estos casos se han revisado los permisos y los propietarios han interpuesto contenciosos contra el Ayuntamiento.
Respecto al caso judicial que implica al ex arquitecto municipal, Marí Ribas indicó que están «a la expectativa». «Tengo que recordar que tenemos secuestrados la mitad de los expedientes municipales y en muchos casos seguramente tendremos problemas cuando se hagan los certificados de final de obra», explicó el alcalde, que recordó que están personados en el caso judicial. «La justicia es lenta, pero vemos que va actuando», expresó Marí Ribas.
«Huerta practicaba un urbanismo en contra de los intereses generales pero esto también es culpa de los responsables políticos de antes porque eran los que tenían que vigilar y marcar criterios», concluyó.
Uno de los problemas que se pueden dar es que la urbanización de Cala Molí pueda ser ilegal en su conjunto como por ejemplo plantea el GEN. «Son cosas delicadas e interpretables, esto lo tendrá que decir un juez», explicó el alcalde, que recordó que existen licencias otorgadas y que sólo hay una parte parada, la que invadía ANEI y por la que ya les piden una indemnización. «Si resulta que todo es ilegal tendríamos un buen problema porque habría terceros de buena fe que habrían comprado apartamentos y que se verían afectados», explicó.
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