Los indicios incriminatorios

La querella criminal presentada por los fiscal Pedro Horrach y Miguel Àngel Subirán hace un año y que, una vez admitida, marcó el inicio de la instrucción del 'caso Palma Arena', se fundamentaba en una serie de indicios incriminatorios.

En primer lugar, la querella destacaba la inexistencia del procedimiento administrativo que amparara y justificara las modificaciones sucesivas en los contratos adjudicados.

Es un claro ejemplo la construcción de la cubierta del velódromo. Adjudicada por 5.914.778 euros, se han acabado pagando 17.968.628,980 euros. Es decir, que hubo más de 12 millones de sobrecoste, sin ningún tipo de justificación.

Procedimiento

El segundo indicio encontrado por el Ministerio Público fue la ausencia del procedimiento administrativo que amparara el contrato de los arquitectos Luis y Jaime García Ruiz. Los hermanos serían contratados por más de ocho millones y medio de euros después de la destitución de Ralf Schürmann, autor del proyecto. En su contratación no se siguió el procedimiento que marca la ley para las administraciones públicas.

Finalmente, la Fiscalía señaló como indicio la desproporción entre el coste inicial de la obra y lo que se pagó al final. No en balde, a partir de un presupuesto que no llegaba a 48 millones de euros se acabaron abonando 79.905.905,80.

Los fiscales consideran que buena parte de las modificaciones del presupuesto de las obras no tienen ningún procedimiento administrativo que las justifique ni ampare. La cubierta del pabellón costó casi 18 millones, pero fue adjudicada por menos de 6.

El proyecto de Ralf Schürmann preveía que la edificación del Palma Arena costara unos 48 millones de euros. El Govern ya ha abonado más de 79 y hay facturas por valor de 30 millones que están pendientes de pago, porque no van acompañadas del certificado de final de obra.

Una vez vez destituido Ralf Schürmann, Luis y Jaime García Ruiz continuaron el proyecto, contratados por más de 8,5 millones; pero la contratación no siguió el procedimiento que marca la ley. Además, incluía conceptos de los cuales no se suelen encargan los arquitectos.

Los últimos indicios incriminatorios son el testimonio de Apol·lònia Serra, actual secretaria general de la Conselleria d'Esports, y las declaraciones que como imputados han hecho los García Ruiz delante de la Fiscalía. Ya han testificado también delante del juez.