La única auditoria realizada por la Sindicatura de Comptes de las cuentas del consorcio que construyó el Palma Arena, correspondiente al ejercicio de 2007, amplía la relación de presuntas irregularidades cometidas en la gestión de la obra. La Sindicatura analizó la situación financiera y legal del consorcio -integrado por la Fundació Illesport, el Consell de Mallorca y el Ajuntament de Palma- emitiendo en ambos casos un total de nueve «opiniones adversas», todas ellas muy graves.
Las conclusiones de la Sindicatura de Comptes revelan que «hay obra ejecutada pendiente de certificar sin que se haya podido obtener evidencia del coste final de la obra completa», conclusión que, precisamente, ha sido el desencadenante de la 'operación Espada' para averiguar el destino de los sobrecostes en la construcción del velódromo del Palma Arena.
Las auditorías también revelan la ausencia de «evidencia documental» sobre la cesión de los terrenos por parte del Consell o la de «contrato o convenio uqe justifique la explotación del velódromo» por parte de la Fudació Illesport.
Fraude fiscal
Para los expertos de la Sindicatura de Comptes el consorcio del Palma Arena advierte respecto a la «incertidumbre» sobre su continuidad «ya que dispone de unos fondos negativos de 568.000 euros» y, lo que todavía podría ser más grave, «una eventual contingencia fiscal ya que se ha deducido el IVA de las certificaciones de obra sin que se cumplan los requisitos para su deducción».
El importe del fraude del IVA podría alcanzar los 7'7 millones de euros.
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