El Govern quiere conseguir, con recursos informáticos de acceso público por internet, que los ciudadanos se conviertan en 'policías' de obras que puedan comprobar sin dudas que se ha producido una irregularidad urbanística y la denuncien ante las autoridades, «de forma que el infractor se quede solo y todos pongan más interés en lo que hacen por miedo a ser denunciados», apuntó el director d'Ordenació del Territori de la Administración Autonómica, Bernat Aguilò.
«Ninguna ley evita totalmente por si misma que haya infracciones, por eso, acompañando a la reforma de la Ley del Suelo, se va a dar un impulso muy importante a sistemas de nuevas tecnologías, cartografías y modelos interactivos accesibles por Internet que hagan que cualquier ciudadano pueda comprobar que la previsión urbanística se corresponde con la realidad», argumenta Aguilò.
El objetivo, a medida que las nuevas aplicaciones informáticas lo vayan permitiendo, es conseguir que «cualquiera podrá ver cómo está definida una zona según el planeamiento urbanístico, no sobre un plano sino en tres dimensiones (3D), y comparar esa imagen con lo que hay en realidad».
Poder ciudadano
La consecución de estos objetivos «dará un poder importante a la ciudadanía que, unido a la supresión de la licencia previa para determinadas obras, hará que cada uno sea más responsable de lo que hace porque no será la Administración la única en poder comprobar las irregularidades y la que, al final, pague las indemnizaciones».
Esta situación «que hace que los Ayuntamientos defiendan al infractor para no pagar indemnizaciones, algo lógico por su situación económica, pero que me parece la situación más perversa posible», añadió Aguiló.
La transformación en cuanto a los medios técnicos debe ir acompañada también de una simplificación de la normativa. «Ahora mismo, la información urbanística, por su formato y estructura, es únicamente para iniciados: arquitectos, abogados, promotores o constructores. La evolución lógica es que pase a ser comprensible por cualquier ciudadano», aseguró el alto cargo del Govern.
El director general negó que esta medida, junto con la supresión de la licencia previa en algunos casos, suponga una vía de la Administración para evitar su responsabilidad de control sobre las infracciones. En este sentido, recordó que el permiso antes de los trabajos se sustituye por la posibilidad de hacer controles a posteriori.
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