Una reciente sentencia del Tribunal Supremo declara «nulo de pleno derecho» el artículo 1 del decreto 34/2001 de medidas limitadoras de la oferta de juego en Balears, disposición impedía la tramitación de concesión de nuevas licencias de máquinas recreativas con premio o tipo 'B'. De este modo, y hasta la aprobación de un nuevo decreto por parte del Govern, la instalación de nuevas tragaperras en los bares ha quedado liberalizado, una situación que, según ha confirmado el director general de la Conselleria d'Interior, Sebastià Amengual, «el sector contempla con preocupación. Los servicios jurídicos está analizando la sentencia para preparar un decreto urgente que permita volver a la situación anterior que es lo que nos piden las empresas».
Amengual comentó que «a mediados del mes de agosto mantuvimos una reunión con las asociaciones de juego para analizar las consecuencias de la sentencia del Supremo -dictada el 30 de junio y publicada ayer en el BOIB-. Teniendo en cuenta la situación de crisis no pensamos que haya un incremento sustancial de máquinas tragaperras -cuyo número quedó congelado en 1999 en torno a las seis mil en el conjunto de la Comunitat Autònoma-, el problema es que podrían entrar empresas procedentes de la Península que afectarían a las de Balears, que mantienen alrededor de un millar de puestos de trabajo».
La base
El fallo del Tribunal Supremo se basa en el hecho de que el Govern no tenía capacidad normativa en 1999, al igual que ahora, al no disponer de una ley del juego que la Conselleria d'Interior tiene previsto disponer en fase de borrador en el próximo mes de octubre. «Nosotros debemos actuar antes, es por ello que estamos trabajando en un decreto urgente para que la nueva moratoria entre en vigor antes de que concluya este ejercicio de 2009», aseguró Amengual.
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