La portavoz del Govern, Joana Barceló (PSIB), aprovechó ayer su comparecencia semanal ante los medios de comunicación para instar a sus socios de pacto (no citó a ningún partido en concreto) a que se pusieran de acuerdo y dieran el visto bueno a la llamada Ley del sector público e instrumental de la Comunitat Autònoma, cuyo contenido adelantó Ultima Hora el pasado 11 de octubre, ya que con ella se visualizará que «hay un antes y un después» en la manera de actuar en contra de la corrupción.
Barceló dijo que este proyecto de ley, elaborado por las conselleries de Presidència y de Hisenda, está en manos de los diferentes partidos pero que aún no ha podido llegar a la mesa del Consell de Govern para su remisión posterior al Parlament. Barceló no quiso concretar si, como se había comentado a este diario, era UM el partido que más trabas ponía ante el gran poder fiscalizador que la nueva ley, que Joana Barceló, define como una ley contra la corrupción, otorga a la Conselleria d'Hisenda. Esta ley extrema los controles económicos del gasto y los extiende a empresas públicas y consorcios.
La portavoz aludió a la importancia que el Govern da a esta ley durante una reflexión sobre los diferentes casos de corrupción que están marcando la vida política balear.
Otras legislaturas
Preguntada por los diferentes casos, también por una imputación al ex president Cañellas, Barceló mostró su «preocupación», recordó que los casos que ahora ocupan a la justicia son «de pasadas legislatuturas» y enfatizó que se están poniendo las bases para que «no vuelva a ocurrir». Fue en este punto en el que destacó la importancia de la ley del sector público.
Preguntada, como suele ser habitual cada viernes, por el caso del conseller de Turisme, Miquel Nadal (imputado por el 'caso Can Domenge') reiteró que se tomarán decisiones en el caso de que se le aplicaran medidas cautelares.
En relación a la propuesta del Bloc de promover una reforma legal para que el Parlament suspendiera y sustituyera temporalmente a cargos imputados, manifestó que esa cuestión no corresponde al Ejecutivo, sino al Legislativo.
Por otro lado, también precisamente ayer el delegado del Gobierno, Ramon Socías, advirtió ayer que la política «llegará a dar asco» a los ciudadanos por culpa de la corrupción. «Son preocupantes los casos de corrupción que se están produciendo, que acabarán dando asco a los ciudadanos», reflexionó el delegado del Gobierno durante una rueda de prensa donde presentó la segunda fase del Plan E, que supondrá 115,9 millones de euros de inversión para Balears.
Preguntado acerca de la imputación del ex presidente Cañellas, Socías planteó en una rueda de prensa que se deje «actuar a la justicia con tranquilidad». Socías reconoció que «ningún partido está libre de tener imputados en sus filas, como se ha demostrado en los últimos días», pero rechazó la teoría de la conspiración que denuncia el PP. Los populares están convencidos de que el Gobierno central dirige las operaciones de la Fiscalía Anticorrupción.
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