Equipo de gobierno y PP se pusieron ayer de acuerdo al aprobar una moción en la que instan a Costas a que tenga en cuenta la opinión del Consell antes de proceder al derribo de nuevas casetas varadero. También se acordó pedir al Govern que realice un plan de ordenación de la costa y que el Consell proteja los conjuntos de casetas varadero que tengan interés etnológico.
El conseller del PP José Torres aseguró que este tema ha generado una «gran alarma» entre los usuarios de las casetas, sobre todo después de la demolición de ocho de ellas, algunas con embarcaciones en su interior.
La consellera de Política Patrimonial, Marga Torres, aseguró que lo único que pueden hacer es aplicar la ley de patrimonio y declarar como lugar de interés etnológico algunos conjuntos de casetas varadero. Por ejemplo se ha hecho ya en sa Caleta o en sa Punta des Molí y ya se están mirando otros lugares donde llevar a cabo la misma declaración, aunque no quiso desvelarlos. Posteriormente, los ayuntamientos deberán elaborar un plan especial que delimitará si las casetas tienen que quedar en pie.
Encuentro con Costas
Torres recordó que ya mantuvo una reunión con Costas para que les tenga en cuenta y lamentó que alguien informara mal a los usuarios de Santa Eulària, que dejaron sus barcas dentro y fueron destruidas por las máquinas.
Por otro lado, el Consell aprobó ayer el plan sociosanitario y de atención a la dependencia. Pese a que el PP votó a favor, el conseller Vicent Serra criticó duramente al Consell porque consideró que las 536 plazas de residencias que se prevén no se alejan tanto de la planificación hecha en su día por el PP, ya que son 67 más de las que hay ahora. Lo mismo ocurre con los centros de día, que sólo contemplan 20 más. Serra criticó además que el equipo de gobierno planificó siete centros de día y en realidad no hacen falta tantos. La consellera de Política Social i Sanitària, Patricia Abascal, replicó que tuvieron un error al planificar siete centros de día, pero recordó que el PP pidió nueve. Además, recordó que los populares ni siquiera hicieron un plan. Respecto a las residencias aseguró que optaron por priorizar las de Sant Jordi y Sant Antoni frente a los centros de día, por lo que ahora los más urgentes serán los de Vila y Sant Josep.
En carreteras, Albert Prats indicó que están buscando otras vías de financiación aparte del Govern para ejecutar el primer cinturón. En el turno de preguntas, Tarrés también explicó que no han podido mantener la Casa d'Eivissa en Barcelona porque la rehabilitación del edificio era muy costosa.
El PP también preguntó por el asesoramiento que llevó a cabo José Vicente Portolés para el Consell en materia deportiva y que costó 7.100 euros. El equipo de gobierno respondió que fue por varias reuniones y conversaciones telefónicas entre octubre de 2007 y febrero de 2008.
El pleno del Consell aprobó ayer la adjudicación de las obras de la Comandancia Militar a la empresa Ferrovial Agroman por un importe de 6,3 millones de euros y un plazo de ejecución de 18 meses.
Se da la circunstancia de que el Consell tenía previsto gastar en estas obras 9,1 millones de euros, casi tres más de lo que costará finalmente, aunque no han desvelado para qué utilizarán este dinero restante. En este edificio se concentrará la oferta de postgrados universitarios y formación continua. El PP votó a favor de la adjudicación. «Estamos de enhorabuena, aunque las obras llevan dos años de retraso, pero nunca es tarde si la dicha es buena», dijo la consellera popular Carolina Torres.
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