Sa Coma acogerá las instalaciones universitarias, la depuradora y servicios de emergencias.

El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino ya está redactando el pliego de condiciones para sacar a concurso el anteproyecto de la nueva depuradora de Vila que se tiene que construir en sa Coma y de un estudio para comprobar el estado actual del saneamiento de la ciudad. Así lo explicaron ayer fuentes del Consell d'Eivissa, desde donde recuerdan que el Ministerio adquirió el compromiso también de arreglar el saneamiento de Vila, ya que por su mal estado y por el gran número de fosas sépticas todavía existentes, provoca que el agua residual llegue muy deteriorada a la depuradora, lo que provoca importantes problemas de malos olores. Las gestiones corren a cargo de la directora general del Agua, Marta Moren.

Precisamente ayer se publicó en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) el decreto que permitirá al Consell actuar urbanísticamente en sa Coma sin necesidad de pedir licencia a los ayuntamientos.

Sólo un informe

El texto dice que cuando el Consell tenga que ejecutar «proyectos concretos» se declarará la «exención» de los actos de control previo municipal incluidos en el artículo 179 de la ley municipal y de régimen local y el artículo 84.1 b de la ley reguladora de bases de régimen local. Ello quiere decir que sólo será necesaria la aprobación de estos proyectos por parte del Consell, con el informe previo del ayuntamiento correspondiente pero sin tener que esperar licencia, algo que los ayuntamientos ya han criticado por considerarlo una injerencia municipal. De hecho, esta es una modificación sustancial respecto al primer decreto que se aprobó sobre sa Coma y que fue rechazado posteriormente en el Parlament, ya que deja toda la responsabilidad en manos del Consell y reduce a la mínima expresión la actuación de los ayuntamientos.

Con este decreto se soluciona el problema urbanístico que tenía el Consell, que era que no podía instalar equipamientos en el recinto por tratarse de suelo militar. Ahora sa Coma es un sistema general donde se podrán ejecutar equipamientos e infraestructuras. Además, se reajustan los límites del Àrea Natural de Especial Interés (ANEI) para dar cabida a la depuradora.

El decreto también incluye que la ordenación conjunta de sa Coma se hará mediante un plan especial formulado y aprobado por el Consell, de conformidad con la legislación urbanística y ambiental. Con carácter previo a la formulación de este plan, el pleno del Consell, habiendo informado a todos los ayuntamientos, asignará a las diferentes zonas los correspondientes usos previstos y su intensidad. «Los usos mencionados se considerarán uso específico admitido», dice el documento.

Mientras no esté aprobado este plan especial, el Consell podrá llevar a cabo la rehabilitación de edificios e instalaciones preexistentes y asignarle usos provisionales. También se podrán implantar equipamientos e infraestructuras de «interés insular».

Todas estas actuaciones, según el decreto, tendrán que adoptar medidas de integración paisajística y éstas podrán ir acompañadas de la implantación de usos relacionados con la educación ambiental.

El decreto también incluye la agilización del desarrollo urbanístico, con el fin de que se puedan dar finales de obra y cédulas de habitabilidad a urbanizaciones sin evacuación de aguas residuales. El decreto da dos años para regular esta cuestión.

Sa Coma deberá reservar un lugar para la Unidad Militar de Emergencias

El convenio entre el Ministerio de Defensa y el Consell d'Eivissa mediante el cual se formaliza la venta de sa Coma incluye un artículo en el que la institución ibicenca se compromete a dedicar «de forma permanente» parte de las instalaciones de sa Coma para uso de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Esta unidad de las Fuerzas Armadas, que tiene potencial para intervenir en situaciones extremas, tiene que poder realizar ejercicios de entrenamiento, destacamientos temporales o intervenciones reales en las Pitiüses. «Estas instalaciones tendrán que ser capaces de proporcionar, como mínimo, alojamiento y servicio para 50 personas y aparcamiento para diez vehículos pesados», reza el artículo del convenio.