Estos días el presidente del Consell, Xico Tarrés, y los alcaldes del PP negocian una iniciativa legislativa para arreglar una serie de cuestiones urbanísticas que preocupan a los ayuntamientos. La mayoría de artículos que incluiría esta ley son para enmendar errores cometidos por gobiernos anteriores al dejar construir en lugares donde no se podía, para suprimir artículos de leyes aprobadas por los progresistas esta legislatura o para evitar las consecuencias de algunas sentencias, como la de Ca ses Castellones o la de los urbanizables de Platja d'en Bossa o Cala Tarida. Las propuestas salen del PP, aunque desde el Consell aseguran que en general son «muy razonables» y que pronto habrá un texto consensuado. No opinan lo mismo desde Eivissa pel Canvi. De hecho, muchos de estos puntos han creado fricción entre PSOE y ExC.

u Redelimitar el ámbito de protección de las iglesias. Los populares piden que se reduzca el radio de protección al estilo de lo que se hizo en Formentera a raíz de la sentencia de demolición de Ca ses Castellones. Una de las propuestas, por ejemplo, es que sean los ayuntamientos los que determinen qué entorno de protección deben tener las iglesias. Esto significaría perder competencias por parte del Consell en favor de los ayuntamientos. Sectores de Eivissa pel Canvi ven con desconfianza este punto.

u Terrenos construidos en la costa que tienen calificación de rústicos (APT de costa). Aquí entran los famosos urbanizables de Platja d'en Bossa y Cala Tarida. Se trata de grandes extensiones de terreno ya construidas que han quedado fuera de ordenación debido a resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB). El PP propone que se consideren suelos urbanos los terrenos ya edificados que se ubiquen en al franja de 500 metros hacia el interior desde la costa. En este caso no entraría el terreno de ses Variades. Desde el Ayuntamiento de Sant Josep y desde la presidencia del Consell tienen mucho interés en arreglar este asunto, que deja a numerosos hoteles y apartamentos en situación ilegal pero con licencias concedidas. En Eivissa pel Canvi hay división sobre si esta cuestión tiene que ser abordada vía decreto ley.

u Urbanización y edificación simultánea. En este caso se trata de recuperar la regulación que ya recogía el Plan Territorial Insular (PTI). De todas formas, desde el Consell consideran que esto se arreglará cuando se apruebe el llamado 'decreto Nadal'.

uUrbanizables ordenados directamente desde el planeamiento. Lo que quiere el PP es que se faculte al planeamiento general para clasificar como urbanizables y ordenar directamente terrenos mayoritariamente destinados a equipamientos o a Viviendas de Protección Oficial (VPO). Esto ya se contempla en el proyecto de ley del suelo que prepara el Govern.

u Núcleos rurales. Los juristas opinan que la Ley del Suelo de 2008 choca con la definición de núcleo rural, una figura creada por el PTI para reconocer conjuntos de viviendas construidos de forma irregular en suelo rústico que constituyen malla urbana y que cumplen los requisitos para ser urbanos. El alcalde de Santa Eulària, Vicent Marí, destaca que existen grupos de viviendas consolidadas en situación de alegalidad, como por ejemplo Can Ramon Balansat. «Hace falta un criterio claro», remarcó.

u Legalización de viviendas ya existentes. Se propone recuperar edificaciones, básicamente viviendas, que se construyeron en su día ilegalmente. La infracción urbanística ha prescrito y no se puede ordenar su demolición. Se trataría de recuperar una ley del PP, la 11/2005. Este tema ha sufrido constantes vaivenes porque la ley 4/2008 de los progresistas derogó esta ley de los populares. Ahora el mismo gobierno podría recuperarla.

u Incorporar por ley la ordenación de agroturismos del PTI. En esta ley también se quiere recuperar al regulación que había hecho el PTI del PP respecto a agroturismos y que ha sido sustiuida por un decreto aprobado por los progresistas. De nuevo, se trataría de suprimir parte de una ley progresista para recuperar otra aprobada por un Ejecutivo de los populares.

Polémica petición de Sant Antoni para recalificar el campo de fútbol

Durante las negociaciones, el Ayuntamiento de Sant Antoni ha llegado a plantear la recalificación vía decreto ley de los terrenos del actual campo de fútbol de Sant Antoni y de un suelo rústico donde se tiene que construir el nuevo complejo deportivo. Al parecer, el PP ya ha desistido de incluir esta petición en la ley que se está negociando, tal y como confirmó el alcalde de Santa Eulària. «Simplemente queríamos introducir algún equipamiento ya que el Consell quería hacer lo mismo con sa Coma», indicó Vicent Marí, que asegura que esta opción ya se ha descartado porque son cosas que hay que hacer vía planeamiento municipal.

La propuesta del Ayuntamiento es eliminar el actual campo de fútbol, que será demolido, para su recalificación como suelo urbano residencial. De hecho, el Consistorio quiere financiar el nuevo complejo deportivo con la puesta a la venta de estos terrenos para la construcción de viviendas.

De esta forma se quiere crear otro gran complejo deportivo para contribuir a la desestacionalización turística. En concreto, se quieren edificar dos campos de fútbol y una pista de atletismo al aire libre. El Ayuntamiento no concreta dónde debe ir este equipamiento, pero hablan de recalificar para ello una área de suelo rústico «inmediata» o «muy cercana» al núcleo de Sant Antoni, previa declaración de interés general.

Esta propuesta ha creado polémica entre los progresistas, sobre todo en Eivissa pel Canvi, ya que consideran que esta reclasificación no tiene cabida en un decreto ley.

Peticiones que han quedado en el camino

Tanto desde el Consell como desde los ayuntamientos han destacado en los últimos días que existe «voluntad» para arreglar estos asuntos mediante una ley consensuada. El alcalde de Santa Eulària reconoce que aunque pueda haber «matices» se está trabajando en buena línea. De hecho, el Consell les ha pasado ahora un nuevo borrador de la propuesta.

Esta negociación viene de lejos. De hecho, en el mes de julio los alcaldes ya plantearon una serie de peticiones urbanísticas mucho más amplias que las que ahora se debaten. Entre ellas también había la reclamación para crear equipamientos municipales de Santa Eulària, la modificación de la zona hotelera de Sant Antoni o la recalificación de los terrenos del campo de fútbol de Sant Antoni.