Vila espera que la nueva contrata del agua suponga una bajada de precios en las facturas

Rubio reconoció que el coste que deben pagar los ciudadanos por el consumo de agua es «bastante elevado», por lo que indicó que la nueva licitación, que comenzará en noviembre después de 20 años de contrato con la empresa Aqualia, buscará aumentar los servicios. «Creemos que podemos tener mucho más con lo que estamos pagando ahora», destacó el concejal.

El precio del agua, que el año pasado subió un 33%, tiene el «handicap económico de que en Eivissa se debe comprar agua desalada que viene con un coste bastante elevado, a diferencia de otras zonas que pueden abastecerse de pantanos o con agua natural que no necesita desalación», destacó.

Por ello, Rubio indicó que para el nuevo contrato se realizó «un estudio económico de servicio muy ajustado, que rebaja mucho los beneficios de la empresa que lo vaya a gestionar a partir de ahora». En este sentido, puso como ejemplo la eliminación del «beneficio industrial», que supone un sobrecoste del 15% al precio de la compra del agua desalada al Instituto balear del Agua.

«A partir de ahora lo que se compra se traslada a los ciudadanos y nos ahorramos este 15%», indicó Rubio, que aseguró que esta cuestión fue «motivo de litigio» con la empresa adjudicataria actual.

El concejal recordó también que junto al estudio económico se hizo una auditoría técnica para conocer el estado de las infraestructuras de la ciudad y, que raíz de ambos estudios, surge un pliego de condiciones que prevé inversiones por 13 millones en obras durante el primer año de contrata y un bolsín de 200.000 euros anual para reparaciones. La próxima adjudicataria también gestionará el servicio durante 20 años.

Se subrogará al personal en nómina y habrá menos «staff»

Según explicó el concejal Joan Rubio, la nueva contrata también prevé una reducción de parte del «staff» o altos cargos, en la escala superior al «jefe de servicio». «Consideramos que no hace falta cierto staff», destacó el concejal, que indicó que no ocurrirá lo mismo con los trabajadores en nómina que «serán subrogados».

Cabe recordar, por otra parte, que la dotación global del contrato será de unos 180 millones de euros por las dos décadas, a razón de siete millones anuales los primeros años, alcanzando los once millones, durante los últimos.