José Luis Rodríguez Zapatero, ayer, en el Senado. | J.L. Pino

La rectificación que retrasa al 1 de enero la entrada en vigor del decreto que prohibe a las instituciones locales pedir créditos trajo ayer el alivio a algunos ayuntamientos pitiusos y las críticas de otros.

Esta medida, incluida en el decreto-ley del Gobierno para reducir el déficit, iba a empezar a regir ayer mismo con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Sin embargo, una corrección a primera hora permitió que las corporaciones locales puedan seguir endeudándose hasta final de año.

Con esta rectificación, el Ayuntamiento de Eivissa es el único que pasó del susto a la tranquilidad. «Si se hubiese quedado como ayer (lunes) nos hubiera afectado porque teníamos aprobados créditos que todavía no habíamos firmado», explicó la alcaldesa, Lurdes Costa, sobre dos créditos por valor de 2,3 millones de euros, que formarán parte del endeudamiento total previsto por Vila en 2010, que alcanzará los 23,3 millones.

La restricción no sólo afecta a los consistorios sino que también alcanza a los consells de Eivissa y Formentera, en calidad de corporaciones locales. En Eivissa, el conseller de Finances Corporatives, Tomás Méndez, destacó que si bien este año no tenían previsto ningún tipo de endeudamiento, «vino muy bien la aclaración del Gobierno porque si necesitas crédito en algún momento no tienes una ley que te lo impida». Algo que sí ocurrirá el año próximo, «curiosamente el año de elecciones», remarcó. «Suele ser el año de las grandes inversiones, pero no toca, lo que toca es reducir déficit y el endeudamiento general de España, y tenemos que colaborar todos», agregó Méndez. Asimismo, descartó que la medida pueda afectar a inversiones del Consell porque «la mayor parte se realizan con financiación externa».

Desde Formentera, el gerente del Consell, Miquel Juan, se expresó en el mismo sentido y destacó que la medida no afectará en absoluto a la pitiusa menor. Juan explicó que la deuda bancaria de la institución es de 331.984 euros y que tiene en marcha un plan de saneamiento para liquidar deudas pendientes por un importe de 4,7 millones euros. Estas deudas, informó, no se empezarán a pagar hasta 2012.

Críticas del PP y de PSOE-ExC

Desde el resto de consistorios ibicencos, tanto del PP como de PSOE-ExC no se hicieron esperar las críticas. El teniente de alcalde de Sant Antoni, Joan Pantaleoni, acusó al gobierno de dar «bandazos e improvisaciones» aunque afirmó que en este Consistorio «la afectación será nula» porque ya cuentan «con un plan de estabilidad presupuestaria» que les impide solicitar créditos. Una plan que surge a raíz del fuerte endeudamiento que Sant Antoni contrajo en 2009, que alcanzó los 9,8 millones de euros.

Por su parte, el alcalde de Sant Josep, Josep Marí Ribas Agustinet, indicó, por un lado, que no preveía ninguna operación de endeudamiento en el presupuesto actual y, por el otro, que se adaptará a la limitación de créditos en las cuentas en 2011. Sin embargo, calificó la medida de «injusta» porque «los ayuntamientos que han cumplido con una gestión presupuestaria correcta se les hace beber la misma medicina que aquellos que están tremendamente enfermos», aseguró.

Desde Sant Joan, el alcalde Antoni Marí Marí Carraca indicó que es «reacio a pedir créditos, porque al final el coste del préstamo y los intereses repercute en los ciudadanos». Aún así, reconoció que este año tuvo que solicitar créditos para la compra de terrenos y para cubrir el recorte de la financiación del Plan de Obras y Servicios del Consell (PIOS), que bajó del 75% al 40%.

Por último, el alcalde de Santa Eulària, Vicent Marí, aseguró en la misma línea que esta medida les «afecta poco» porque no iba a «concertar ningún crédito para cuadrar el presupuesto». Aún así, destacó que «se mete a todo el mundo en el mismo saco y no se tiene en cuenta a las instituciones que hicieron de la austeridad su lema».