La consellera Joana Barceló saluda a uno de las trabajadores de GPS antes de comenzar la reunión. | Marco Torres

La consellera de Turisme i Treball del Govern, Joana Barceló; el director general de Treball, Iago Negueruela; el conseller de Política Empresarial, Joan Serra i Mayans y dos representantes de la Inspección de Trabajo se reunieron ayer en las dependencias del SOIB con medio centenar de trabajadores del Grupo Playa Sol para informales sobre la situación de la empresa y «tranquilizar a los empleados».
Tras la reunión, Joana Barceló aseguró que se trató de un encuentro «muy necesario, ya que es una situación muy difícil y dura porque tenemos estas empresas intervenidas judicialmente». La consellera aseguró que tienen «que batallar para mantener los hoteles como tales; es fundamental». Barceló se refirió a las actuación del administrador judicial «que está trabajando en el plan de viabilidad, renegociación de la deuda, financiación y resolviendo los problemas, que son muchos y los hay a nivel puntual de los diferentes establecimientos».
Colaboración con GPS
Barceló también se refirió al otro ámbito, la parte laboral, «tutelada por la Inspección de Trabajo, identificando cada una de las problemáticas laborales que son muchas y diversas; es una buena tutela y contarán con nuestra colaboración».
Barceló se reunió ayer en Eivissa con el conseller de Política Empresarial, Joan Serra Mayans, y el administrador judicial, Javier Perelló, «para poder ofrecer esta parte de estudio de viabilidad, si podemos colaborar de forma personal o con técnicos para que se trabaje en el plan de viabilidad».
«Iremos teniendo reuniones de manera permanente tanto con el comité de empresa como con el administrador reuniones quincenales para ver cómo están evolucionando estos dos ámbitos dentro de este marco de intervención judicial y haciendo un seguimiento», explicó.
Barceló lanzó «un mensaje de tranquilidad siendo conscientes de la dificultad y complejidad de la situación».
Por su parte, el conseller de Política Empresarial, Joan Serra i Mayans, valoró de manera positiva la reunión con el administrador judicial. «Creo que está realizando un esfuerzo muy importante y le hemos comentado que desde las instituciones estamos dispuestas a colaborar y asesorar en lo que se pueda para que la empresa siga adelante», señaló Mayans, quien descartó la condonación de las sanciones impuestas por el Consell a GPS en los últimos años, que ascienden a más de 600.000 euros. «Muchas de ellas están recurridas en los juzgados y nosotros no podemos hacer nada, simplemente cumplimos con la legislación, tal y como hemos hecho desde que llegamos al Consell», puntualizó.
Serra i Mayans reconoció que la aplicación del plan de viabilidad que está elaborando la empresa no será fácil debido a las numerosas irregularidades detectadas en GPS, que se encuentra con graves problemas de financiación. Para ello, el administrador judicial está buscando más financiación en entidades bancarias y según Serra Mayans, desde la empresa «están convencidos que pueden sacar esta situación a flote».