«La reforma laboral que ha aprobado el Ejecutivo central no contenta absolutamente a nadie, ni a empresarios ni a sindicatos ni a nadie. Yo creo que el Gobierno quería contentar a todo el mundo y a veces pasa esto», así de contundente se mostró el presidente de la Federacion empresarial de la Pequeña y Mediana Empresa de Ibiza y Formentera (Pimef), Mariano Riera, al comentar el reciente texto aprobado.
En cuanto a la convocatoria de huelga general que han realizado los sindicatos para el próximo 29 de septiembre, Riera consideró que, «en este momento, en este país no estamos para huelgas generales, sino que estamos para trabajar. Queda mucho para la fecha prevista, puede que todavía la desconvoquen y no sé la repercusión que va a tener este paro, pero creo que no estamos para esto».
De una manera bien distinta consideraron la cuestión desde los sindicatos. El secretario general de UGT en las Pitiüses, Diego Ruiz, aseguró que no les ha quedado más remedio que convocar esta huelga y defender los derechos e intereses de los trabajadores, «viendo la reforma laboral que se ha aprobado. Estamos hablando de una reducción drástica y brutal del coste del despido en la mayoría de los casos y pérdida de derechos en otras cuestiones y por eso creemos que estamos en la obligación de convocar la huelga. También ha sido la exigencia de los trabajadores que nos estaban pidiendo que la realizáramos», matizó Ruiz.
El secretario general de UGT señaló que el documento de reforma laboral aprobado por el Gobierno, «empeora todavía más el texto inicial porque no aclara cuestiones como el tiempo de pérdidas que tiene que acumular una empresa o la documentación que tiene que aportar para acreditar estas pérdiddas cuando quiera acogerse a los despidos objetivos con la indemnización de los 20 días».
Para Ruiz, el documento deja tan abierta esta cuestión que va a crear una problemática después en los juzgados, «porque nosotros lo que vamos a hacer, lógicamente, es judicializar todas aquellas pretensiones de los empresarios de acogerse a este tipo de contrato cuando entendamos que no está lo suficientemente acreditado», anunció.
La secretaria general de CCOO-Balears, Katiana Vicens, calificó por su parte la reforma laboral de «desastre» y afirmó que que «no encara los problemas del mercado de trabajo». Aseguró que «no servirá» para resolver la crisis laboral. «Lo único que hace es reducir los costes del despido y facilitarlo; generaliza un tipo de contrato más barato en detrimento del fijo ordinario y abre las puertas a la desregularización de la negociación colectiva», afirmó Vicens.
Desde el Govern, la consellera de Treball i Turisme, Joana Barceló, defendió el texto porque consideró que contribuirá a favorecer la contratación de jóvenes en reducir el empleo temporal, aunque indicó que el texto tiene aspectos «difíciles de entender». En este sentido, la consellera afirmó que «el problema del mercado laboral no ha sido el coste del despido» sino que a su juicio «el problema son las dificultades de incorporación al mercado de trabajo». Sin embargo, la también portavoz del Govern, señaló qe el texto del Gobierno pretende atajar la temporalidad en la contratación, incentivar la incorporación de los jóvenes al mercado de trabajo y «buscar un equilibrio».
El presidente de la Confederació d'Associacions Empresarials de Balears, CAEB, Josep Oliver, calificó de «insuficiente» la reforma laboral. «No es la reforma que que reclamaban las empresas y, pese que ha recogido parcialmente algunas de nuestras reivindicaciones, se puede mejorar y esperamos que se mejore en el trámite parlamentario», afirmó.