La auditoría revela que la empresa adjudicataria de la autovía al aeropuerto, MAB-Ortiz Construcciones, tiene unos costes de mantenimiento durante los 25 años de concesión muy superiores a lo que sería habitual. Una de las razones, según señalan los auditores, es por contar con un «equipo de personal muy dotado», que supone un coste medio anual superior a 500.000 euros, lo que supone un gasto por kilómetro de 70.000 euros. Asimismo, se prevén unos gastos de conservación extraordinariamente sobredimensionados. Por ejemplo, la empresa prevé que la primera renovación asfáltica se realizará en 2019 y la segunda en 2030. Para la primera se prevé gastar 800.000 euros y para la segunda 1,2, dos cifras «muy superiores», según los auditores, a los 670.000 euros que costó cuando se construyó.
Lo mismo ocurre con lo que se prevé para el repintado de marcas viales (que se hará cada dos años) y la reposición de señalización vertical (que se hará cada diez). La auditoría dice que la concesionaria destinará 119.600 euros para la señalización horizontal y repintado, cuando en el proyecto de construcción sólo costó 37.050 euros. Adicionalmente, la empresa añade importes de 227.480 euros para el año 2028 y 239.929 para 2030 «sin incluir justificación para dichos costes». De hecho, el coste total sólo por mantenimiento de marcas viales es de 1,5 millones de euros en todo el período.
Gastos «sin justificar»
La empresa también incluye partidas para el mantenimiento de estructuras y muros. Por ejemplo, un millón para la impermeabilización del tablero y 1,2 para reparaciones de hormigón. Sin embargo, la auditoría advierte de que estos gastos no se justifican suficientemente pese a tratarse de importes elevados. Tampoco existe justificación, según la auditoría, para incluir 90.891 euros en concepto de «mantenimiento de control del tráfico».
Asimismo, la auditoría denuncia que existen numerosos incrementos de coste entre el plan económico financiero que se ofertó y el definitivo. Por ejemplo, 30.000 euros más en personal al año o 20.000 más por maquinaria fija. De hecho, en el plan definitivo se modifican valores como ingresos, presupuesto de inversión y costes de mantenimiento.
Un ejemplo es que la suma total del presupuesto de construcción es de 56,9 millones cuando en la oferta era de 57,2. Ninguna de estas cifras se ajusta a la cifra de adjudicación, que era de 55 millones, «siendo superior en 1,6 millones sin justificación».
Tampoco se detalla por qué existe un consumo eléctrico de 53.570 euros al año, ni se explica a qué se deben los 30.690 euros anuales en concepto de centro de explotación.
Todo ello hace que los costes de operación y mantenimiento de esta carretera sean de 165.000 euros por kilómetro y año, una cifra tres veces superior a lo habitual. La auditoría detecta también un error en la medición de vehículos favorable a la empresa, lo que podría producir «ingresos superiores» a los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas, ya que la concesionaria calcula que la carretera mide 6,84 kilómetros cuando el total es de 7,1.
El Govern exigía quitanieves con GPS y sensores
Entre los sobrecostes detectados por la auditoría en la concesión de peaje en sombra de la autovía al aeropuerto está la presencia de tres quitanieves que costaban anualmente 61.420 euros. Según revela la auditoría, el pliego de condiciones elaborado por el Govern del PP exigía contar con tres camiones de este tipo, equipados con GPS, sistema de sensores y transmisión de radio vía digital. Asimismo, se exigía personal suficiente y especializado en «trabajos de vialidad invernal». Sin embargo, en la memoria de explotación se concluye que una sola máquina podría realizar el trabajo. Pese a ello, en el cálculo del coste anual, se dispone que hay tres camiones con un coste anual de 61.420 euros con un consumo anual de 10.588 euros por vehículo, algo que según la auditoría «no se puede justificar de ninguna forma», porque significa 31.765 euros de coste anual de los quitanieves, unas máquinas que nunca se han localizado.
No se incluyó una partida para gastos de comunicación pública pese a que se exigía
Los auditores revelan que la UTE MAB-Ortiz, además de incumplir el pliego de cláusulas administrativas al no incluir el 1% cultural, tampoco se hizo cargo de los gastos de comunicación pública exigidos, que podían ascender al 2% del presupuesto de la concesión.
La auditoría también mantiene que este contrato no se tendría que haber dado a esta UTE porque introdujo modificaciones económicas que no quedaron «oportunamente reflejados en el proyecto de construcción, tal y como se exigía».
Pero el motivo más importante de incumplimiento de contrato es que se modificaron las secciones de firme. «Se contempló la ejecución de la explanada de forma inaceptable», indica la auditoría, que también indica que se deberían haber establecido umbrales mínimos de puntuación para garantizar la calidad técnica de las ofertas y «evitar riesgos en la ejecución del contrato». De todas formas, se reconoce que de las tres empresas que se presentaron, la que ganó es la que cumplía con más requisitos.
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