La auditoría confirma que las tierras extraídas durante la construcción de la autovía al aeropuerto se depositaron en los terrenos del Grupo Matutes «de una forma determinada incumpliendo el proyecto para facilitar la construcción del campo de golf». Es más, se «excedió notablemente» la superficie prevista para la ocupación temporal de las fincas, ya que se utilizaron 272.001 m2 cuando sólo se podían usar 29.541 m2.

Según explica la auditoría, la concesionaria MAB-Construcciones Ortiz (UTE Accesos Ibiza), «incumpliendo el proyecto», que estipulaba que las tierras debían ser llevadas a una cantera, llegó a un acuerdo con el propietario del terreno (Fiesta Hotels de Empresas Matutes) para que ese depósito de tierras temporal se convitiera en definitivo. De hecho, recuerda que esto ha sido «probado» por una sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Eivissa y confirmado por la Adienncia Provincial. Empresas Matutes ha interpuesto un recurso de casación contra este fallo judicial, aunque los auditores no saben en qué punto se halla el proceso. Asimismo, la auditoría asegura que en ningún momento desde el Govern se consintió este incumplimiento y recuerda que la Administración hizo requerimientos a la UTE en noviembre de 2007, en septiembre de 2008 y en noviembre de 2009 para que retiraran las tierras.

Según la auditoría, Empresas Matutes «pretende» ahora que la UTE retire las tierras y le indemnice por daños y perjuicios. Sin embargo, recuerdan que hasta ahora los tribunales siempre han dado la razón a MAB-Construcciones Ortiz porque «declaran probado que hubo un pacto entre las partes para entregar las tierras para el campo de golf». El documento también recuerda que estas tierras son propiedad de la Administración, «dada su condición de expropiante y beneficiaria».

Una de las cuestiones que aclara la auditoría es que el Govern balear no está obligado a pagar una indemnización mayor que la prevista en el proyecto, ya que la responsabilidad es del constructor y del propietario. «No deberá realizar desembolso alguno en concepto de indemnización cuando la ocupación temporal se deba a una causa ajena a la expropiación», añade la auditoría, que indica que la UTE actuó «por su cuenta y riesgo» y eligió un destino distinto para las tierras «incumpliendo el contrato».

Otra de las cuestiones importantes que resaltan los auditores es que en caso de que la UTE no cumpla con su obligación de retirar las tierras, el Govern puede imponer penalizaciones económicas o incluso romper el contrato. También se puede optar por la ejecución subsidiaria, que es la solución por la que se ha decantado el Govern, que retirará el material cobrando los tres millones de euros que costará a la UTE.

Expropiaciones

La auditoría considera que no se cumplió la ley de expropiación forzosa en cuanto a la notificación personal de algunos expropiados. De hecho, hay fallos judiciales que así lo demuestran y que obligan a pagar una indemnización de 76.338 a afectados de la carretera al aeropuerto. El levantamiento de actas previas es «ajustado a Derecho» a excepción de los casos en los que la identidad fue incorrecta o se notificó indebidamente, con lo que se levantó la acta previa en ausencia del propietario. Asimismo, la omisión de hoja de depósito previa también constituye una «vulneración grave» de la ley, así como la no intervención del perito. También se considera que se debería mejorar el modelo de hoja de depósito. «La falta de notificación a los expropiados de las hojas de depósito previo a la ocupación y del cálculo de la indemnización es una irregularidad invalidante», añaden.

Se debería haber evitado la duplicidad de proyectos de la zona de Can Sifre

La auditoría considera que se produce una duplicidad de actuaciones entre las rotondas de Can Sifre y Can Escandell, cuya ejecución está contemplada tanto en el proyecto de la segunda ronda, como en el del aeropuerto. Según los auditores, esto se debería haber evitado y la dirección de obra debería haber iniciado la tramitación de un modificado. Sin embargo, en el acta de recepción de la segunda ronda no se hace referencia a que se hayan suspendido los trabajos por este motivo. El presupuesto de esta vía sí eliminó la medición de obras de drenaje, la pasarela peatonal de Can Sifre y los trabajos de afirmado a excepción de una capa de suelo cemento en una superficie de 6.300 m2 por un presupuesto de 110.000 euros. Tampoco se han comprobado las mediciones de las partidas de movimientos de tierras, señalización y defensas para las cuales «no existe desglose suficiente».