La auditoría de las autovías revela que el concurso mediante el cual se adjudicó la autovía de Sant Antoni a FCC-Enrique Ortiz e Hijos contó con varios fallos de valoración que desembocaron en una contabilización de los puntos errónea, de tal modo que la Unión Temporal de Empresas (UTE) que debería haber obtenido mayor puntuación debería haber sido MAB-Ortiz Construcciones y Proyectos «si se hubieran aplicado los criterios establecidos en el pliego». MAB-Ortiz sí obtuvo la adjudicación de las obras de la autovía al aeropuerto.

De todas formas, la auditoría remarca que esto no quiere decir que esta propuesta debió ser la adjudicataria, ya que desde el Govern utilizaron un criterio distinto al de los auditores al no excluir las soluciones que preveían un no cubrimiento del túnel de Sant Rafel, algo que, según la auditoría, contravenía el pliego de condiciones. Asimismo, recuerdan la discrecionalidad de la Administración a la hora de tomar decisiones.

Concurso desierto

Los auditores recuerdan asimismo que este concurso, igual que el de la carretera del aeropuerto debió quedar desierto. En el caso de Sant Antoni porque ninguna de las opciones que se presentaron contemplaban una ubicación adecuada de puntos de aforo, estaciones desde donde cuentan los coches que pasan por la vía para calcular el coste anual del peaje en sombra. FCC-Enrique Ortiz e Hijos sólo previó uno de estos puntos cuando tendría que haber trece, lo que supone ingresos mayores para la empresa por la no correcta contabilización del tráfico.

«Este incumplimiento formal no sólo atenta contra la literalidad de los pliegos de condiciones, sino que comporta unas consecuencias materiales de gran envergadura, pues falsea el sistema de retribución del concesionario y puede conducir a que el Govern abone una retribución mayor que la que le corresponde, con el quebranto que ello significa para la Hacienda Pública», remarca la auditoría.

El documento también indica que hubo empresas que presentaron una solución de trinchera para la zona de Sant Rafel, en vez del falso túnel. Esto, según los auditores, representa una modificación «sustancial» del proyecto de trazado aprobado, por lo que estas soluciones debieron ser excluidas del concurso. Este hecho cambió las puntuaciones, además de que se valoraron de forma «incorrecta» varios subcriterios.

La auditoría también recuerda que debería haber habido mayor nivel de detalle en el pliego de condiciones del concurso en cuanto a la definición de los elementos de mejora. También se deberían haber introducido umbrales mínimos de puntuación para garantizar la «calidad técnica de las ofertas y evitar riesgos en la ejecución del contrato».

De hecho, la empresa que debería haber obtenido más puntuación según el pliego de condiciones, que es MAB-Ortiz, tenía una puntuación económica alta pero una técnica muy baja.

El Govern podría revisar el contrato porque es «lesivo»

La auditoría concluye que el Govern balear podría proceder a la revisión del acto de adjudicación a la UTE FCC-Hermanos Ortiz declarándolo «lesivo» para el interés público, ya que no se cumple el número mínimo de estaciones para contabilizar coches. Otra opción es requerir a la concesinaria para que cumpla con los pliegos de condiciones. «Esta vía es menos aconsejable porque requiere de la voluntad del concesionario, además de que implica un alto grado de impugnación por parte de la UTE», indican los auditores.

La empresa propuso una sola estación para contar coches, lo que produce unos errores en el cálculo del pago anual que hace el Govern a la concesionaria que oscilan entre un 6,5% y un 20%. De hecho, los auditores concluyen que son más representativos los cálculos que indican que la oscilación podría ser de un 20%, lo que significaría que el Govern estaría pagando anualmente 1,4 millones más de lo que le correspondería.

El importe pendiente de ejecutar es de 2,7 millones

La auditoría concluye que el importe pendiente de ejecución de la carretera de Sant Antoni es de 2,7 millones. En él se incluyen los 420.598 euros del ramal sur (que el Govern ha decidido no construir), el embellecimiento del acceso de Sant Rafel (268.000 euros), la pasarela de Blanca Dona (975.342 euros), la de Can Guillamó (747.600) y las barreras para motoristas (336.518 euros).

La auditoría también se extraña de que el presupuesto previsto para movimiento de tierras en esta carretera y la medición posterior concuerde y sea de 1,8 millones de euros cuando el ramal sur no se ha ejecutado. En cuanto al drenaje, el documento desconoce por qué el importe real se incrementa en un 50% respecto al modificado 2 de la carretera.