Autoritat Portuària reclama a Fomento la petición de prórroga para el Club Náutico Ibiza

Esta petición se hace al amparo, según el comunicado de la APB, del apartado 2c del artículo 107 de la ley 4/2003 de 26 de noviembre en la que se establece «para casos excepcionales, la prórroga de una concesión portuaria mediante la declaración de interés estratégico o relevante para el puerto».

De esta manera, y según indicó el mismo presidente del Consell d'Eivissa, Xico Tarrés, miembro del Consejo de Administración de la APB, «la petición para la concesión de la prórroga sigue su trámite pero con el beneplácito de Balears». «A pesar de que falta que Puertos del Estado ratifique la concesión de la prórroga, desde el Ministerio de Fomento ya han avanzado que la decisión dependía, fundamentalmente, del acuerdo que se tomase en el Consejo de Administración», apuntó Tarrés.

Concesión provisional

Así, durante la tramitación de la declaración de interés estratégico o relevante que le corresponde al Ministerio de Fomento, el Club Náutico Ibiza dispondrá de una autorización provisional para continuar gestionando sus instalaciones ya que su concesión actual finaliza el próximo 26 de octubre, según apunta Autoritat Portuària.

Una vez que Puertos del Estado emita su informe y se hayan cumplimentado los trámites ambientales pertinentes, el Consejo de Administración de la APB adoptará su decisión definitiva sobre la prórroga de la concesión del Club Náutico Ibiza. Aún así, el organismo presidido por Francesc Triay se comprometió a iniciar la tramitación necesaria para obtener el interés estratégico o relevante para el puerto de Eivissa del Club Náutico. Asimismo, tanto el Consell d'Eivissa como el Ayuntamiento de Vila (ambas administraciones pertenecen al Consejo de Administración) también remitieron informes a Autoritat Portuària recomendando la prórroga de la concesión.

Desde la máxima institución apuntaron que la actividad efectuada por el Club Náutico «es de una gran relevancia social, deportiva y económica, dado el abanico de actuaciones que se llevan a cabo y la amplia base social que se beneficia, que no consiguen otras instalaciones náuticas deportivas gestionadas por empresas que no tienen este carácter social». Por ello, desde el Consell d'Eivissa señalan que la labor que ha desarrollado a lo largo de estos años «no podía ser substituida por la administración ya que ninguna institución pública balear, insular o municipal dispone de instalaciones deportivas para la práctica de vela». Su desaparición, según la máxima institución, hubiese supuesto «la desaparición del propio deporte de la vela en el municipio de Vila».

El Ayuntamiento de Eivissa, por su parte, también emitió un comunicado celebrando la decisión del Consejo de Administración de Autoritat Portuària, resaltando así «su carácter social y por la gran labor que ha desarrollado históricamente esta entidad en Eivissa y que sigue llevando a cabo hoy en día, que permite que el deporte de la vela sea accesible para un amplio sector de la ciudadanía».

Vila solicita que el CNI quede integrado en la ordenación de la fachada marítima

Durante el periodo de exposición pública del expediente de prórroga de la concesión del Club Náutico de Ibiza se presentaron cinco alegaciones. Entre estas, se encuentra una del Ayuntamiento de Vila donde se reclama que en la futura ordenación del puerto y de la fachada marítima de la ciudad se contemple la adecuación de las instalaciones del Club Náutico con la supresión de los muros y los vallados así como la correcta ordenación de las instalaciones de amarre para hacer compatible la seguridad del acceso a los pantalanes con el paso libre a lo largo del muelle. Asimismo, también se pide que las actuales instalaciones queden desmanteladas en su cierre perimetral, para que el acceso al mar esté abierta al público. El resto de alegaciones corresponden al Consell d'Eivissa, otra del consistorio y la última de Capitanía Marítima. Todas ellas favorables a la prórroga. La quinta corresponden al Instituto de Defensa de la competencia y de los Contribuyentes que rechaza el procedimiento.