José Luis González Martín con la carta con la que Itusa les pide que abandonen sus viviendas para acometer el derribo. Junto a él, su madre María Teresa Martín Gómez.

José Luis González Martín con la carta con la que Itusa les pide que abandonen sus viviendas para acometer el derribo. Junto a él, su madre María Teresa Martín Gómez. | Luciana Aversa

L. Aversa09/09/10 0:00
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La presencia de 'okupas' en las casas que ya han sido abandonadas y una penalización de 300 euros por día si no dejan sus viviendas para el 30 de septiembre. Éstas son sólo dos de las quejas de los últimos habitantes de Santa Margarita que no han aceptado la permuta por el nuevo edificio Es Pla de Vila. Trece propietarios, de los cuáles algunos aún permanecen en las antiguas viviendas, y que ahora, en los últimos días, tienen que cuidarse de que, según denuncian, no les roben los 'okupas'. «Nuestra vida corre peligro porque son hasta violentos. Ya se han enfrentado con una propietaria de 47 años que vive sola con su hija y que está esperando que le entreguen las llaves para irse a Es Pla de Vila. A mí me han robado ropa, los vi, le dije que no tenían vergüenza y se rieron», destacó José Luis González Martín, que pidió que el Ayuntamiento de Eivissa, a través de la empresa Itusa, «ponga los tabiques que tenga que poner para poder estar tranquilos el tiempo que nos queda».

Por su parte, María Teresa Martín Gómez, su madre, criticó que Itusa les vaya a cobrar una penalización de 300 euros por día si no dejan la vivienda libre de enseres y muebles para el 30 de septiembre. «Estamos haciendo todo lo que podemos. Mi hija trabaja de noche y casi no duerme y a mi me tienen que operar del brazo», destacó Martín, que se quejó que «no ha habido ayudas de ninguna clase para los pobres». «Solamente vinieron a por el edificio y a tirar a la gente a la calle», concluyó.

Hemos tenido que pedir una hipoteca y ahora estaremos ahorcados»

María Teresa Martín Gómez tenía en Santa Margarita tres habitaciones que en es Pla de Vila le permutaban por un piso de dos dormitorios. Por eso no aceptó. Vive con dos hijos, uno de ellos en paro, y cobra una pensión. Por su casa le dieron casi cien mil euros y para conseguir otra su hija se hipotecó. «Ahora estaremos ahorcados, no hay derecho a hacer lo que hicieron», se quejó.