Una imagen del Café Mambo, en ses Variades. | Alejandro Sepúlveda

El concejal de Gobernación de Sant Antoni, José Ramón Serra Pilot, defendió ayer la labor del Ayuntamiento de Sant Antoni con respecto a los Cafés Mambo y Savannah. «Las ordenanzas están para cumplirse y tenemos que cumplirlas todos. Y esto da pie a que cuando se dice que por parte del Ayuntamiento no se actúa no es la realidad». Así se expresó Pilot sobre la petición de Fiscalía de la apertura de juicio oral contra el propietario de ambos establecimientos, J.J.A.S, para quien pide cinco años de cárcel y cuatro años de clausura por local, por «un delito contra el medio ambiente» en circunstancias de «actividad clandestina» y «desobediencia expresa sobre corrección o suspensión de la conducta». También le acusa de cuatro faltas de lesiones por ruido, todo ello, a lo largo de los veranos de 2003 y 2008.

Pilot aseguró que tiene una opinión «contradictoria» en esta cuestión, porque «es un empresario de Sant Antoni que da calidad y servicio al turismo». «Pero en este caso sé que había muchas quejas de unos vecinos, de unas familias, y el Ayuntamiento actuó, hizo el trabajo que debía hacer», agregó sobre los requerimientos y las sonometrías derivadas de las 28 denunciasefectuadas porla Policía Local ylos vecinos, dos familias que renunciaron a emprender cualquier acción civil o penal, «desconociéndose el motivo», según destaca el escrito del fiscal.

Sin embargo, Pilot no quiso expresarse sobre los trece expedientes que el Consistorio incoó en esos años pero de los cuáles sólo uno prosperó y concluyó en una multa de 150 euros. Según recordó el edil, entonces, recordó, no era concejal de Gobernación.

En este sentido, Joan Pantaleoni, que sí estaba al frente de esta concejalía entre 2003 y 2007, aseguró que esta semana volverá a mirar los expedientes para conocer las causas. Cabe recordar que, según el fiscal, en los expedientes había propuestas de sanción.

Por último, Pilot señaló que el año pasado se abrió otro expediente al Café Mambo con una propuesta de sanción de 40.000 euros, y que desde la aprobación de la ordenanza de ruidos, el pasado 9 de diciembre, todos los locales del municipio tienen un año de plazo para instalar un limitador y obtener una licencia de música secundaria.