El Institut d'Estudis Eivissencs (IEE) ha acusado al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Eivissa, integrado por PSOE e ExC, de incumplir la normativa patrimonial vigente al autorizar la demolición de edificios en el núcleo histórico de la ciudad.

Según ha denunciado en una carta el presidente de la Comisión Ejecutiva del IEE, Marià Serra, el Consistorio dio luz verde a finales de 2010 al derribo de un edificio en la calle Drassana.

Este inmueble, cuya demolición fue promovida por la comunidad de propietarios, estaba situado «dentro del ámbito de aplicación de las normas de protección del patrimonio histórico municipal», según ha remarcado el IEE.

Pese a que «hacía unos años que había incoado un expediente municipal de ruina», según ha hecho constar la entidad cultural ibicenca, el edificio tenía una fachada que estaba «aparentemente en buen estado» y con «una belleza relevante».

Como en el caso de esta fachada, desde el IEE han asegurado que muchas de ellas están desapareciendo del casco antiguo. «Son sustituidas, pero ya no es lo mismo: se va perdiendo la fisonomía de los barrios tradicionales», han lamentado.

Por esta razón, la asociación asegura que la Corporación municipal «ha incumplido la normativa patrimonial en vigor» al vulnerar varios artículos de las disposiciones que afectan a esta cuestión.

En concreto, desde el IEE han señalado que Vila no cumple el artículo 42 de la Ley de Patrimonio Histórico de las Islas Baleares, que prohíbe el derribo de los inmuebles protegidos sin autorización de la Comisión Insular de Patrimonio histórico correspondiente y el informe favorable de una institución consultiva.

Incumple, a su vez, el artículo 103 del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) de los barrios de sa Penya, la Marina y Vara de Rey, que protege los edificios, «cuyo valor se encuentra fundamentalmente en la fachada».

Vulnera también los artículos 105 -obligación de conservación-, 106 -declaración de ruina- y 115 -prescribe la conservación de los elementos protegidos de la fachada- de este plan, que prohíben estropear partes del edificio en buen estado.

Asimismo, desde el IEE denuncian que el Consistorio quebranta la prescripción cuarta de los acuerdos de la Comisión Insular de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Patrimonio Histórico Artístico (CIOTUPHA) de la aprobación definitiva de la revisión del Plan General de Vila, en lo referente al régimen especial para obras de demolición de elementos catalogados en el centro histórico.

Finalmente, la entidad hace constar también que el Ayuntamiento tenía la obligación de remitir el expediente de demolición de este inmueble «histórico» a la CIOTUPHA, «atendiendo a su valor patrimonial básico».

Por todo ello, desde el IEE piden para 2011 «una nueva gestión patrimonial municipal más sensible a la conservación de las características históricas de la ciudad, y menos proclive a las políticas de los hechos consumados».

En opinión de la Comisión Ejecutiva de esta entidad, «siempre resulta más barato y sencillo derribar todo un edificio que conservar fachadas y elementos originales, pero las leyes de conservación del patrimonio se hacen para cumplirlas».

Así, la asociación ha mostrado su «preocupación» por «todo el patrimonio» pero «especialmente» el que hace referencia a las obras que se llevan a cabo en el castillo.

En este sentido, han remarcado que «la exigencia de conservación de los elementos originales tendría que ser máxima y tememos que, una vez acabado el Parador Nacional, nos encontraremos con otra cosa muy diferente a nuestro castillo».