Unos 40 representantes sindicales de Comisiones Obreras y UGT se encerraron ayer por la mañana durante dos horas en la oficina que la Seguridad Social tiene en la avenida de Espanya de Vila, sumándose así a la convocatoria nacional de actos de protesta por la intención del Gobierno de retrasar a los 67 años la edad de jubilación y de ampliar el periodo de cotización para recibir una prestación, actualmente en 15 años y que podría pasar a 20 o, incluso, a 38 años, según las diferentes propuestas manejadas hasta el momento.
Sin gritar consignas y armados únicamente con folletos que repartían a las personas que acudían a la oficina, los representantes de las plataformas sindicales mostraron su rechazo a una medida que será especialmente negativa en las Pitiüses, según explicó el secretario general de UGT en las Islas, Diego Ruiz.
«Hemos escogido esta oficina porque aquí es donde se tienen que tramitar las peticiones de pensiones, algo que muchos trabajadores puede que no lleguen a poder hacer si esto prospera», apuntó.
Hasta un 20% menos
«Para Balears en general la ampliación de la base de cálculo supondría, sólo alargándola en cinco años, una pérdida de pensión de entre un 15% y un 20%; si tenemos en cuenta que en la Comunitat tenemos unas de las pensiones medias más bajas del Estado, que es menor aún en las Pitiüses, nos podríamos encontrar con que muchos trabajadores se encontrarían que no podrían pedir una pensión contributiva y estarían en una situación de miseria», explicó.
El hecho de que muchos trabajadores sean fijos discontínuos (lo que representa en muchos casos una contratación asegurada de un máximo de seis meses) la cuestión se agrava ya que, para conseguir un año de cotización deben trabajar dos temporadas.
«Para nosotros esta es la cuesión fundamental, y así se lo hemos trasladado a los compañeros de Madrid», apuntó Ruiz, que señaló «desde mi punto de vista personal, se podría aceptar el retraso de la jubilación en dos años si se garantiza que no se tocará el periodo de ampliación».
La concentración de ayer es el primer acto de protesta «de un calendario abierto, en el que no se descarta nada, desde los paros a las manifestaciones y las huelgas en caso de que no fructifiquen las conversaciones», concluyó.
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