Además de pedir tres años de prisión por un presunto delito continuado contra el patrimonio histórico para el ex conseller de Patrimoni Joan Marí Tur, Botja; para quien fuera su mano derecha en el Consell d'Eivissa durante la pasada legislatura, Antoni Arabí Serra; para el constructor Matías Arrom Bibiloni y para su jefe de obra, Sancho Àlvarez, de la empresa MAB-Rubao, el fiscal Mario López Ruiz reclama también once años y medio de inhabilitación para empleo o cargo público para los dos primeros y para cada uno de ellos una multa de 72.000 euros.
El fiscal considera a Marí Tur y a Arabí Serra responsables en calidad de autores de un delito continuado sobre el patrimonio histórico y otro continuado de prevaricación cometidos durante la construcción de las autovías durante la pasada legislatura, en concreto en las obras del segundo cinturón de ronda. También se pide que los acusados idemnicen en función del valor económico de los bienes desrtuidos.
En cuanto al técnico de Patrimoni Joan Ramon Torres, también imputado, el fiscal interesa el sobreseimiento provisional.
La destrucción
Durante la realización de estos trabajos se destruyeron hallazgos arqueológicos porque Marí Tur, Arabí Serra y los resonsables de MAB-Rubao «a sabiendas o conscientes de la alta probabilidad de que como consecuencia de la remoción de tierras provocada por las obras pudieran encontrarse hallazgos arqueológicos (...) los acusados, incumpliendo dicha obligación [de realizar el preceptivo seguimiento arqueológico] comenzaron las obras sin haber encomendado a persona o entidad alguna dicho seguimiento y sin que hasta el 25 de noviembre de 2004 comunicasen a la Conselleria de Patrimoni la contratación de la empresa Posidonia para la realización de aquel».
«Como consecuencia», señala el fiscal López Ruiz, «en noviembre de 2004 (...) tuvo lugar el hallazgo y destrucción de una cisterna púnico-romana sita en la zona de Can Bufí, respecto del cual el 20 de noviembre de 2004 Posidonia llevó a cabo el informe de destrucción dirigido a la Conselleria de Patrimoni». El escrito continúa en un tono más aún duro: «Los acusados, a sabiendas de que nuevo se encontrasen o de la alta probabilidad de que se volvieran a encontrar hallazgos arqueológicos, y con el más absoluto desprecio e indiferencia por la normativa aplicable que les obligaba a paralizar las obras de inmediato, tomas las medidas adecuadas de protección (...), ordenaron que continuase adelante la marcha de las mismas sin comunicar previamente a Posidonia en qué lugar y momento iban a actuar, motivo por el cual se produjeron nuevas destrucciones».
Más de un año destruyendo hallazgos arqueológicos
En el escrito de acusación, el fiscal detalla la destrucción de numerosos hallazgos arqueológicos entre noviembre de 2004 y mayo de 2006. En los bienes destruidos total o parcialmente se incluye una cisterna púnico-romana, un edificio púnico, el Camí Vell de Puig den Valls, declarado BIC, una sitja de época antigua, una necrópolis rural romana con 22 tumbas de entre los siglos I antes de Cristo y IV después de Cristo, 20 metros de acueducto romano de 2.000 años de antigüedad, otra sitja, esta con abundante cerámica, restos de una vila púnico romana y una mina de agua.
Palau: «Me parece una petición totalmente desmesurada, los hechos no fueron graves»
Pere Palau, que era presidente del Consell cuando se produjeron los hechos, consideró que la petición del fiscal es «totalmente desmesurada». «Todos sabemos que los hechos no fueron graves porque, incluso antes de proceder a las obras se hicieron todos los trámites dentro de la comisión de patrimonio, con los informes de todos los técnicos; el Consell se limitó a cumplir aquello, que ya estaba resuelto, nuestra responsabilidad es nula», indicó Palau, que espera que no haya «más de una vara de medir» porque esta legislatura «ha habido otros hechos en temas de patrimonio que no han llegado a Fiscalía porque no los hemos llevado».
Prats: «Ahora se tiene mucho más cuidado y no se meten prisas»
Preguntado por los casos arqueológicos de esta legislatura susceptibles de ser llevados a Fiscalía dijo que han salido muchos restos en el solar del nuevo hospital, en la escuela de sa Bodega y en la carretera de Sant Miquel. «Recuerdo el ruido que se hizo con el acueducto de Can Misses y ahora veo que de lo que se encuentra no se hace nada de todo esto», dijo Palau, que acusó a los actuales responsables de «pasar del patrimonio» cuando, en su momento, eran los que les acusaban.
3 comentarios
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Qué noticia!!!! El señor Joan Ramon tendría que explicar por qué una villa bizantina la dejó destruir siendo un BIC de primera categoría. Ahora con el acueducto de sargaamassa pretende minimizarlo porque no es tan monumental cono se creía....
Pedro Palau también tiene su cuota de responsabilidad, no penal, sí política.Pero nada , ahí sigue ,tratándose de colocar 4 años más .Y nadie le dice que NO en su partido.
Qué suerte tener un paraguas como Botja y Arabí, eh Joan Ramon? Esta vez te has librado.