Vila quiere desalojar a los ocupantes ilegales sa Penya antes de junio

El Ayuntamiento de Eivissa ha enviado al Consell los expedientes de expropiación para que sean sometidos al estudio y a la aprobación de la Comisión Insular de Ordenación del Territorio (Ciotupha). Se trata del último trámite antes de pagar el justiprecio de las 37 viviendas de las calles Alt y Retir que pasarán a ser propiedad municipal una vez sean confiscadas. Después, Vila procederá a ocuparlas y desalojar al medio centenar de personas (14 familias) que viven allí de forma ilegal. Será la conclusión de un proceso que el Consistorio quiere terminar antes de junio.

Según explicó el concejal de Vivienda y Núcleo Histórico, Marc Costa, el Ayuntamiento ha finalizado su proceso de expropiación, que ahora requiere la aprobación definitiva del Consell. «Esta semana hemos enviado al Consell todos los expedientes para que apruebe las tasaciones conjuntas. La Ciotupha va a dar un plazo de alegaciones para que las personas interesadas puedan alegar el justiprecio», explicó Costa, que recordó que el Consistorio ya tuvo un primer período de exposición pública en el que recibió trece alegaciones de los propietarios. «Todas fueron desestimadas porque planteaban otra valoración diferente a la nuestra. El Ayuntamiento defiende que hizo una muy buena valoración, a razón 1.800 y 1.900 euros el metro cuadrado», agregó.

Según el concejal, una vez la máxima institución de su visto bueno a los expedientes se iniciarán los pagos a los propietarios, que Vila calcula en un total de 2,9 millones euros. «Una vez que paguemos a los que están de acuerdo y consignemos el dinero en la Caja General de Depósitos para aquellos que recurran al Tribunal Provincial de Expropiación, procederemos a la ocupación de los inmuebles», detalló Costa, que calcula «que en este semestre» se podrá hacer efectivo el desalojo de las viviendas.

El concejal recordó que durante todo el proceso, que se inició en enero de 2010, los moradores «pudieron determinar si tenían algún derecho sobre estas viviendas». Finalmente, sólo tres familias demostraron que residen forma legal, por lo que podrán acceder a una indemnización o tener derecho a realojo, según el caso. «Las personas que no lo han justificado serán desahuciadas», agregó.

Por último, el edil explicó que en la misma fase se encuentra la expropiación de las viviendas donde se construirá el centro cívico, que complementará la intervención arquitectónica que buscará «transformar la manzana más delicada y degradada social y urbanísticamente de sa Penya».

Se elaborará un plan de inserción social y laboral

Según Marc Costa, los ocupantes ilegales de sa Penya empiezan a ser conscientes de que tendrán que buscarse un sitio donde poder vivir, porque en ese lugar concreto se va a proceder a la intervención arquitectónica y urbanística». Costa aseguró que Vila prestará ayudas «tanto para que busquen su siguiente vivienda como para que se trasladen, y para puedan, incluso, buscarse un empleo e insertarse dentro de la sociedad». «Serán ayudas económicas puntuales. Se hará un plan de inserción social y laboral para estas personas, durante un plazo muy concreto y muy determinado», concluyó el concejal.