Sant Antoni no tiene financiación para regular los fondeos ilegales de la bahía, cuyo coste podría alcanzar el millón de euros

El coste del proyecto, según el técnico municipal de Medio Ambiente, Diego Ponce, va de «medio millón a un millón de euros», según la cantidad de fondeos a instalar. En su primer proyecto, Sant Antoni propuso 40 puntos de atraque, sin embargo la Demarcación de Costas le emplazó a aumentar la cantidad de boyas debido a que, durante el año, hay puntas con 200 atraques ilegales. Este aumento de amarres eleva el coste del proyecto a cifras que el Consistorio no puede asumir.

Según Ponce, aunque la Concejalía de Medio Ambiente se encuentran reelaborando la propuesta para intentar ajustar cantidades de boyas y de dinero, no prevén presentar el proyecto hasta tener la financiación. «Con estos números y sin ayudas cuesta mucho poder llevar a cabo, a día de hoy, un proyecto de estas características. Y presentarlo y no tener financiación para ejecutarlo resultaría, como mínimo, ridículo», sentenció el técnico.

Ponce explicó también que «en el proyecto que se ha modificado se aumenta a más de un centenar los puntos de fondeo». «Pero es lógico que, a medida que aumenta el número de boyas, aumenta el presupuesto de ejecución, por tanto estamos intentando llegar a un número razonable», agregó.

Competencias

En este sentido, aunque el Consistorio intenta ajustar las cantidades, «en el caso máximo» de tener que instalar las 200 boyas, los números se disparan al millón de euros; un presupuesto que incluiría los gastos de «gestión de la zona».

Sin embargo, el económico no es el único obstáculo con el que se encuentra Sant Antoni. Según Ponce, sigue sin resolverse la cuestión de las competencias. «Tenemos que determinar qué competencias tiene cada administración en esta zona porque las competencias que tenemos nosotros a día de hoy son cero. Si nos dieran las competencias o se nos hiciera una concesión, perfectamente podríamos gestionarlo nosotros, por ejemplo, sacándolo a concurso», detalló Ponce, que matizó que esto también suma porque, de aplicarse el sistema de concesión, «cuanto más grande se haga la zona, más costará». «Entonces debería pagar el Ayuntamiento por esa concesión, que debería repercutir en los usuarios», agregó. Por ello, aunque negó que la propuesta se haya paralizado, matizó que «tal y como están las administraciones, es un proyecto que tiene que estar muy bien pensado». «Porque tenemos dos interrogantes ahora mismo, primero la financiación y luego las competencias», concluyó.

El Consell oficia de mediador en el tema de las competencias

El técnico municipal de Medio Ambiente, Diego Ponce, recordó que el Consell d'Eivissa está oficiando de mediador entre la Demarcación de Costas y los ayuntamientos, ya que todos los consistorios prevén instalar boyas en distintas zonas del litoral con problemas de fondeos irregulares, sobre todo en temporada. En este sentido, los ayuntamientos han presentado a la máxima institución las zonas donde instalar los puntos de atraque que, en el caso de Sant Antoni, también tiene la intención de instalar boyas en la zona de Cala Salada.