El debate mediático sobre los proyectos inacabados en Sant Antoni continúa enfrentando al equipo de gobierno y oposición.

El PP respondió ayer a las manifestaciones de PSOE-ExC, que acusó al alcalde José Sala de incumplir 29 proyectos de su programa electoral; una crítica que, según el equipo de Gobierno, «autoinculpa» a los progresistas del «incumplimiento de las inversiones del Consell y el Govern central y balear, pendientes en el municipio».

En este sentido, el equipo de Gobierno lamentó ayer mediante un comunicado «la demagogia de la oposición pero, sobre todo, la falta de conocimiento sobre los proyectos» de Sant Antoni. Así, quiso manifestar que la oposición reiteró en sus críticas «proyectos pendientes que son responsabilidad de las instituciones donde gobierna», tanto en el Consell, como en el Govern y el Gobierno Central.

Según el Consistorio, «tal y como detalló el alcalde José Sala la semana pasada» durante una rueda de prensa [que inició el debate], de la lista de inversiones pendientes, también denunciadas por los socialistas, se cuentan la red de agua potable de Sant Rafel, «un proyecto del Ministerio de Medio Ambiente, incluido en el Plan Hidrológico Nacional»; la señalización y mejora de los accesos al campo de fútbol de Sant Rafel, «competencia del Consell»; y la creación del centro de cerámica de este núcleo, para el cuál «existe un acuerdo de pleno del 29 de agosto de 2007 a instancias de la oposición a través del cuál se insta al Consell al ejecutarlo».

Asimismo, el equipo de gobierno indicó que otro de los proyectos, como son las 15 VPO proyectadas en ses Païsses «sólo se podrán hacer si se impulsa desde la iniciativa privada, ya que el Ayuntamiento cedió el trerreno a pesar de no tener esta obligación». Asimismo el Consistorio destacó que, «entre otras promesas que sí se han cumplido, está a la espera de un informe de Medi Ambient del Consell para comenzar las obras del futuro cementerio».

Por último, Sant Antoni respondió a las críticas sobre la revisión de su planeamiento urbanístico y, al respecto, indicó que no se ha podido llevar a término en plazo «por la inseguridad jurídica creada con la retirada del Plan Territorial d'Eivissa (PTE)». «La dimisión del ex conseller Miquel Ramon supuso una pérdida de tiempo y dinero público y ha complicado aún más la ordenación territorial», concluyó.