Cinco representantes de la asociación de secretarios de las Cámaras de Comercio de España, encabezados por su presidente, Eduardo Borrás, y la ibicenca Dolores Tur, secretaria de la Cambra de Comerç de las Pitiüses, fueron recibidos ayer por la Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, a la que pidieron amparo y le expusieron su preocupación por la situación en la que se encuentran a raíz del decreto aprobado el pasado 3 de diciembre.
Las Cámaras de Comercio tratan de recurrir este decreto que consideran inconstitucional y para ello están buscando distintas vías y apoyos en instituciones y comunidades autónomas.
Cabe recordar que el Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, modifica la normativa que regula estas corporaciones de derecho público, al establecer que estarán obligadas al pago de la cuota cameral las empresas que realicen actividades relacionadas con el comercio, la industria o la navegación y «decidan libremente» pertenecer a una Cámara. Hasta ahora, todas las empresas estaban obligadas a pasar por caja.
Tras la reunión de ayer, Tur señaló que esta reunión se fijó el pasado 19 de enero, cuando 88 secretarios de las cámaras de comercio decidieron pedir amparo a la Defensora del Pueblo para que eleve un recurso de inconstitucionalidad.
Las cámaras creen que ese decreto se realizó «de manera precipitada, sin consensuar y por sorpresa», dentro de un paquete de medidas económicas «que nada tienen que ver con las cámaras». Las cámaras aseguran que este decreto «está mal redactado y que plantea muchas dudas jurídicas».