El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite la demanda interpuesta por el Ayuntamiento de Sant Antoni contra el decreto y la ley de sa Coma por «invasión de competencias municipales».

El Consistorio considera que la ley, aprobada el pasado mes de julio por el Parlament balear, «usurpa» su autonomía porque califica al recinto como un ámbito de actuación supramunicipal y permite al Consell acometer proyectos exentos del control previo de los ayuntamientos afectados territorialmente, como son Sant Antoni y Santa Eulària.

El alcalde de Sant Antoni, José Sala, mostró ayer su satisfacción por la decisión adoptada por los once miembros del Alto Tribunal porque significa que la demanda está «motivada, legitimada y fundada». «No es una admisión cualquiera, si bien no prejuzga el resultado final, comporta un análisis previo que dice que hay fundamentos para plantear esta cuestión», aseguró Sala, que indicó que esta aceptación del recurso es diferente a la de un tribunal civil, «que no tiene ningún requisito previo». «La admisión del Tribunal Constitucional indica que se ha hecho un análisis de la legitimación y de los requsitos formales, e implica que hay indicios de que las cuestiones que se plantean están fundadas. Por tanto, ya es una alegría porque creemos que la razón está de nuestro lado», agregó.

«Un paso importantísimo»

Según el alcalde, a pesar de este «paso importantísimo en este conflicto», espera que el Parlament balear y «especialmente» al Consell reconsideren su postura y reintegren «al Ayuntamiento la autonomía ilegítimamente usurpada». «Nos han excluido de la planificación de una parte del territorio del municipio, de la concesión de licencias y del cobro de impuestos. No sabemos quién va a controlar la legalidad de lo que ahí se desarrolla, quien va a urbanizar y quien va a determinar si se cumplen todos los requisitos», destacó Sala, que advirtió también que si no se reintegran las competencias seguirá con su demanda «hasta el final».

Por otra parte, el alcalde criticó que el Consell en su «propaganda» de los festejos del Día de Balears asegure que la adquisición del recinto fue «gratuita». «Dice que se ha obtenido sa Coma sin ningún coste para el Consell y esto es radicalmente falso; que el dinero no haya pasado por sus manos no quiere decir que haya salido gratis porque había 30 millones que tenían que llegar a Eivissa [de los fondos del Estatut] y que se han utilizado para pagar sa Coma», señaló. Por último, insistió en que el objetivo de Sant Antoni «no es boicotear ni retrasar» las infraestructuras que se instalarán en el recinto. «El Ayuntamiento no puede renunciar a sus competencias, sea quien sea el partido político que rija la institución. Es exclusivamente lo que defendemos», concluyó.

El Congreso, el Senado, el Govern y Justicia podrán personarse

El Tribunal Constitucional ha dado traslado de la demanda y de los documentos presentados por Sant Antoni tanto al Congreso de los Diputados como al Senado. También los ha remitido al Govern balear, al Parlament balear y al Gobierno de la Nación, por conducto del Ministro de Justicia, para que en el plazo de 20 días puedan personarse en el proceso o formular alegaciones. Por otra parte, el alcalde José Sala recordó que la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears (Felib) «con mayoría de ayuntamientos socialistas, apoyó por unanimidad la postura de Sant Antoni y de Santa Eulària. «Y ahora tenemos este otro argumento firme e importante, que es que el tribunal constitucional ha admitido la demanda por todas las causas presentadas», insistió y agregó que «la obligación» del Ayuntamiento es «defender su autonomía»

Abascal: «Una cosa es que lo admitan y otra que les den la razón»

La consellera portavoz, Patricia Abascal, aseguró ayer que «una cosa es que lo admitan a trámite y otra cosa es que le den la razón». «Dar por sentado que el hecho de que te acepten la tramitación es tener la razón es demagogia pura y dura», afirmó Abascal, que acusó al Consistorio de «gastar el dinero de los contribuyentes en poner pleitos y tener a su secretario dedicándose a esto y no a otra cosa, cuando desde el Consell se dijo que si había problemas se podía llegar a un arreglo». «Nunca nos hemos negado a hacer la tramitación que corresponda ni tampoco a solicitar licencias, ni pagarlas», agregó.

Según Abascal, el Consistorio «está anteponiendo una resolución del Constitucional sin darle tiempo a que resuelva». «Están prejuzgando mucho que les van a dar la razón», indicó y destacó que el Consell «cumplirá con la legalidad y lo que digan los jueces».