G. RomaníFormentera13/05/11 0:00
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El administrador de la empresa propietaria del Club Punta Prima, Sunway, S.L., Leo Stöber, en su calidad de administrador de la misma, que desde el pasado miércoles protagoniza una singular protesta frente al Consell de Formentera, explicó ayer, con toda la documentación pertinente, la grave injusticia que está llevando el actual equipo de gobierno que ignora a sabiendas las sentencias judiciales firmes y ejecutivas y con el nuevo PTI impide la finalización de la 2ª fase de la construcción del complejo vacacional, y por daños y perjuicios solicita por la vía de lo Contencioso-Administrativo una indemnización de 24,5 millones de euros a la primera institución de la isla.

Terminar que no ampliar
Para la propiedad el Consell que gobiernan GxF y PSOE, tras obligar a la propiedad a abrir un vial para que los visitantes pudieran acceder a la torre de defensa que da nombre a la zona, ahora les expropia bajo la figura de 'cesión' la práctica totalidad de los solares en los que se preveía la 2ª fase de construcción del Club Punta Prima. Una expropiación que incluso alcanza a la vivienda de algunos trabajadores del complejo vacacional. Stöber señaló que los responsables del Consell querían «presumir de haber limitado la edificabilidad de la isla lo cual no es cierto pues los derechos son muy anteriores a la llegada al poder de los responsables y en ningún caso se trataba de nuevas promociones».
Stöber rechazó la terminología que se ha utilizado siempre al respecto, ampliación, cuando se debe hablar de finalización del proyecto previsto en dos fases, que no es lo mismo, y quiso que «los ciudadanos sepan que la actitud del Consell, que desoyendo las sentencias judiciales e ignorando el PERI de 2005 y el convenio firmado con el propio Consistorio de Formentera en 2005, por impedir la ejecución de la 2ª fase de Punta Prima, avalada por sentencias judiciales.
Como explicó Stöber, el Club Punta Prima tenía una autorización para construir un total de 556 plazas hoteleras que en su primera fase se limitaron a 250, y fue cuando en el momento de iniciar la segunda fase, para concluir el proyecto con las 306 plazas restantes cuando comenzaron los problemas. Su comparecencia, explicó «es para defender los derechos refrendados por una sentencia firme del Tribunal Supremo, sentencia de diciembre de 1985, reiterada igualmente en firme en 1996 en las que se explicitaban claramente los derechos de edificación de la propiedad en Punta Prima para acabar la segunda fasse
Esa indemnización se había tasado inicialmente en 29 millones de euros pero según el último informe, del pasado día 9 de este mes de mayo, se rebaja a 24.476.228,40 euros al restar a la valoración inicial la plusvalía de 4,5 millones de euros que supondría el desarrollo, construcción y venta de tres viviendas incluidos los gastos financieros.