Una imagen del 2008 cuando agentes de la Policía Local de Sant Josep procedieron a precintar el DC10. | Irene G.Ruiz

El alcalde de Sant Josep, Josep Marí Ribas Agustinet deberá prestar declaración en calidad de imputado ante el Juzgado Nº 1 de Eivissa por un presunto delito de «prevaricación administrativa».

La imputación surge a raíz de una querella penal interpuesta contra el primer edil por la Asociación de Discotecas, Salas de Fiestas y Similares de Balears, que preside Pedro Vidal, que le acusa de tener una «actitud totalmente pasiva» ante una «notoria situación de ilegalidad de la que viene beneficiándose» la discoteca DC10 «cuando menos desde el año 2004».

El escrito destaca que ese año la agrupación puso en conocimiento del Consistorio «el desarrollo de una actividad en el citado establecimiento, no amparado por licencia alguna», una situación «agravada», según la querella, porque la discoteca está ubicada en suelo rústico.

«Nos encontramos, por tanto, con el consentimiento por parte del hoy querellado, del desarrollo de una actividad de discoteca con pleno conocimiento de su ilegalidad, ubicada en una zona en la que no permitían, ni permiten las normas urbanísticas, y que pese a los reiterados y continuos requerimientos de la asociación, se ha abstenido de forma ilícita de efectuar actuación alguna tendente a restablecer la legalidad vulnerada», agrega la asociación, que destaca además «que el meritado establecimiento no ha cesado, hasta el día de hoy, su ilícita actividad, ante la pasividad del Ayuntamiento y sus regidores».

«Cortina de humo»

En este sentido, señala que a raíz de su denuncia en 2004, el Consistorio abrió un expediente a DC10 por de infracción urbanística «por unas ampliaciones realizadas sin licencia», lo que motivó que la empresa explotadora solicitase la declaración de interés general al Consell. «Cualificación que, a día de hoy, no se ha concedido al no haber cumplimentado los requerimientos que se realizaron por parte del organismo competente, no por dejación sino por imposibilidad de cumplimiento», destaca.

Asimismo, califica esta actuación como «una cortina de humo a fin de justificar un intento de legalización de lo ilegalizable» e interpreta de igual forma la incoación del expediente sancionador «el único que nos consta, de fecha 26 de julio de 2005, en el que propone una sanción de 3.606,08 euros».

Por ello, acusa a Agustinet de actuar de forma «arbitraria» porque «pese a tener cabal conocimiento de la ilegalidad enunciada se abstiene voluntariamente de actuar».

Por último, la asociación de discotecas también acusa al alcalde de tener «una actitud totalmente pasiva, conocedora y consentidora de la ilegalidad» que «beneficia» también a otros cinco establecimientos del municipio, aunque en la querella a la que ha tenido acceso este periódico no se aporta documentación o pruebas, ni las denuncias que asegura haber interpuesto contra estas otras supuestas irregularidades.

En esta causa también está citado a declarar en calidad de testigo el administrador único o representante legal de la discoteca.

'Agustinet': «Nadie en su sano juicio puede decir que no hemos actuado»

El alcalde Josep Marí Ribas 'Agustinet' entiende que es una demanda «genérica y muy poco fundamentada». «Que me la dirijan a mí cuando de todos es sabido que en 2004 no era alcalde y no fui hasta 2007, me parece una demanda bastante extraña e irregular», destacó 'Agustinet', quien aseguró que solo responderá por su periodo al frente del Ayuntamiento.

«En todo caso, la querella se tendría que ampliar al anterior alcalde», destacó, y explicó que ya ha recurrido «porque dice que son cosas que no son verdad». «Dice que no hemos hecho nada y no es cierto. Nadie en su sano juicio puede decir que no hemos actuado», indicó el alcalde, que recordó la orden de clausura durante un año y la imposición de una multa de 300.000 euros por incumplir de forma reiterada el aforo que tiene autorizado y por contaminación acústica, que se le impuso al local en 2008. «Creo que la asociación de discotecas ha pasado el listón normal con esta denuncia», insistió el primer edil, que recordó que el DC10 tiene una licencia de café concierto «desde hace mucho tiempo». «Otra cosa es que lo hayan ampliado y que hayan pedido el interés general de esta ampliación. Y sobre esto ya contestaremos también como toque y donde toque», agregó.

En cuanto a las acusaciones a otros cinco establecimientos, el alcalde indicó que «no aporta ninguna prueba de que los hubiera denunciado». «De una asociación de este tipo me esperaba un poco más de rigor», concluyó.