La defensa del afamado músico rumano Michel Cretu calificó ayer de «totalmente desproporcionada» la acusación de la Fiscalía, que pide para su cliente penas de ocho meses de prisión y multas por 31.500 euros por presunto delito contra la ordenación del territorio, a causa de la construcción de una mansión ilegal en la cima de un monte protegido de Santa Agnès.

El abogado Jaume Roig aseguró que el relato de los hechos que hace el fiscal «en absoluto se corresponde con la realidad» y explicó que, en breve, presentará el escrito de defensa ante el Juzgado de Instrucción Número 1, con el que espera «acreditar» que las acusaciones de Fiscalía «son afirmaciones gratuitas». «Aquí falta barco o sobra pirata», sentenció Roig.

«Informes favorables»

Cabe recordar que Cretu es uno de los cinco imputados en la causa, entre los que se encuentra también el exalcalde de Sant Antoni, Antoni Marí Tur.

El fiscal le acusa de presunta prevaricación urbanística y pide para él multas por 33.600 euros y siete años de inhabilitación profesional para cualquier empleo o cargo público.

Al respecto, el exalcalde consideró «injusta» la acusación porque, según destacó, concedió en 1997 la licencia para la edificación de la casa de Cretu «con todos los informes favorables». «Han demostrado que la licencia estaba mal dada porque estaba en un sitio inadecuado y esto es indiscutible, lo que es discutible es que quien ha otorgado la licencia tenga la culpa de ello cuando tiene todos los informes favorables al respecto», destacó Marí Tur.

Asimismo, el exalcalde recordó que, a la hora de conceder la licencia, se remitió a la Comisión Insular de Urbanismo (Ciotupha), que dio su visto bueno, y destacó que, «ante el ruido del GEN», se pidió un informe jurídico al Consell «que también fue favorable». «Y en base a esto se concedió la licencia», insistió Marí Tur.

Para Marí Tur, su caso es una «alerta» para otros alcaldes

Antoni Marí Tur recordó el caso «del camping de Formentera [es ca Marí] en el que en su momento fue condenado el alcalde por no dar una licencia cuando tenía todos los informes favorables». Por ello, indicó que ahora los alcaldes deberán estar «alerta a la hora de conceder una licencia porque siempre es impugnable».

Marí Tur expresó también su deseo de que concluya el dilatado proceso judicial, aunque indicó que «el daño está hecho porque queda la duda de mucha gente sobre algo que no es verdad».