L. Aversa14/07/11 0:00
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Tanto ExC como ENE criticaron que el Ayuntamiento de Eivissa no haya impedido el aparcamiento en la UA-12 de ses Feixes, calificada como suelo rústico protegido, un espacio que aún ayer seguía invadido por vehículos, a pesar de que el alcaldesa de Vila, Marienna Sánchez-Jáuregui, aseguró que «el problema estaba solucionado desde las nueve de la mañana».
Por un lado, ExC se quejó de «la permisividad y pasividad de Vila, que pemite la reapertura de un parking en ses Feixes», una actuación que calificó de «ilegal». Por su parte, ENE también recordó que es «obligación» del Ayuntamiento «preservar los valores de la zona, impedir su degradación y desarrollar un plan de gestión que signifique su dinamización».
«Desde ENE lamentamos que haya propietarios que no quieran aceptar la legalidad vigente y recordamos a la alcaldesa que, antes de sentirse cerca de las causas de estos propietarios, lo primero que debe hacer es cumplir la legalidad, instruyendo el expediente y las sanciones pertinentes, además de detener la degradación del espacio», indicó.
Asimismo, ambas formaciones criticaron la decisión de la consellera de Medi Ambient, Pepa Costa, de querer desviar la partida para la compra de fincas en ses Feixes (unos 900.000 euros) a otros proyectos ambientales. Al respecto, ExC indicó que esta decisión sumada a los aparcamientos «es un claro ejemplo de lo que podemos esperar del nuevo gobierno: el completo desinterés por la isla y por potenciar nuestros rasgos naturales y culturales».

La partida para ses Feixes «es finalista»

Desde ExC también remarcaron que «tanto la señora Costa como el señor Serra deberían saber que estas cantidades son partidas de fondos estatutarios, que tienen carácter finalista y que, por tanto, no pueden ser dedicadas a otro objetivo que el que recoge el proyecto aprobado por el Gobierno». Asimismo, aunque coincidieron con Pepa Costa en que «otros proyectos ambientales también son importantes, como la buena gestión de los bosques», recordaron que ésta es una responsabilidad y competencia del Govern balear, «que debe financiar estas actuaciones».