Aparejadores y constructores aplaudieron ayer el inicio de las conversaciones entre PP y PSOE-Pacte para alcanzar un pacto territorial que impida modificaciones de normativa urbanística cada vez que hay cambios políticos.

El presidente del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics y Enginyers d'Edificació, Vicent Serra, consideró que el Plan Territorial Insular (PTI) aprobado por el PP en 2005 tiene «plena vigencia» y no necesita apenas modificaciones. Critica también que no hacían falta moratorias, porque el suelo rústico ya está suficientemente protegido gracias al régimen de segregaciones que contempla el PTI. «Ahora se está viendo que era un plan restrictivo y de eso se tienen que dar cuenta las dos principales fuerzas políticas», indicó Serra, que cree que las moratorias solo provocan, el efecto contrario, una «ansia constructora».

Preguntado por si hay que recuperar la ley de 2005 aprobada por el PP y que preveía crear núcleos rurales o facilidades para campos de golf, Serra indicó que del PTI hay cosas que les gustan y otras que no, pero que esta ley daba salida a casos problemáticos. «Lo que nos parece mal es eliminar una cosa sin resolverla, independientemente de que la solución nos guste más o menos», añadió Serra, que cree que se debería terminar ya con la moratoria en ANEI.

«No se puede esconder»

Asimismo, cree que abordar las casas que se construyeron ahce años y han quedado en la ilegalidad. «Este problema no se puede esconder, lo deseable hubiera sido que no se construyera ilegalmente, pero si se legalizaran podrían pagar tributos o una multa», añadió el presidente de los aparejadores, que añadió que el Plan Territorial impulsado por los progresistas y retirado por Tarrés «no contaba con consenso».

El presidente de los constructores, Juan Andrés Roig, pidió a los políticos que «acaben con la inseguridad jurídica». Roig asegura que muchos inversores importantes interesados en Eivissa que finalmente no han venido por «las trabas burocráticas». «Que se diga que en suelo rústico de repente sea una planta en vez de dos asusta a la gente», indicó el constructor, que pidió que finalice ya la moratoria de ANEI. Respecto a recuperar la ley de 2005 del PP, indicó que no es normal que se impida el desarrollo de zonas ya consolidadas como Roca Llisa. Diferente ve el caso de Benirràs, donde cree que habrá que llegar a un acuerdo entre propietarios, Ayuntamiento y Govern. «Quizás no se podrá construir tanto como inicialmente», matizó. También cree que hay que revisar algunas cuestiones, porque hay zonas demasiado protegidas y otras muy poco.

ENE pide más protección y un debate más amplio

ENE cree que es un «mal inicio» apostar por la ley del PP de 2005 como punto de partida entre las negociaciones entre PP y PSOE-Pacte, ya que significaba más construcción en rústico, campos de golf y hoteles rurales. Piensan que hay que proteger Roca Llisa y Benirràs y tener en cuenta a la sociedad que no ha participado en las elecciones, casi un 60% de la población y los partidos minoritarios o asociaciones. De hecho, plantean la recuperación del Consell del Territori. Creen «preocupante» que PP y PSOE-Pacte compartan el 90% de los planteamientos territoriales.