Las canteras piden seguridad jurídica para que su suelo se considere extractivo

La inseguridad jurídica constituye uno de los principales problemas de las canteras. Esta es una de las reivindicaciones de la Mesa de la Minería, una federación constituida por los dos colegios de ingenieros e ingenieros técnicos de Minas y seis asociaciones empresariales mineras de Balears, entre las que se encuentra la Asociación de Canteras de Eivissa y Formentera, cuyo presidente y vocal de la nueva federación, Juan Muñoz Aguilar, dio a conocer la situación del sector junto al presidente del colectivo, Jaime Fernández, y la técnico de industria de la Pimeef, Yolanda González.
Las canteras están reguladas bajo el Plan Sectorial de Canteras de Balears que se remonta a 1999 en las que las explotaciones se tuvieron que adaptar a las exigencias de la administración, como la obligación de restaurar el paisaje y los avales como garantía de compromiso para la restauración. «Las canteras fueron cumpliendo con su parte pero no la administración porque no adaptó sus instrumentos legales a la nueva situación y pedimos que se complete ese plan sectorial», demandó el presidente. Explicó que «la administración tenía que haber modificado sus ordenamientos para que el suelo en el que se ubican las canteras tenga la calificación de extractivo, eso no se ha hecho y se tenía que haber modificado las autorizaciones iniciales de las explotaciones a la nueva situación creada por el Plan». Las canteras habitualmente se encuentran en suelo rústico «pero debería de tener la calificación de rústico de uso extractivo», tal y como contempla el Plan.
Clasificación de suelo
Muñoz Aguilar lamentó que los ayuntamientos «pese a que modifican continuamente modifican sus planes generales de ordenación y es muy corriente que digan si es suelo urbano o rústico pero nunca, pese a nuestros esfuerzos, clasifican como suelo extractivo y eso no os obliga a meternos en contenciosos y en procesos judiciales larguísimos, costos en energía y tiempo que lo único que hacen es crear problemas al sector y a la administración». «Ha habido algún político, que no se si en broma, que dijo que las canteras había que ponerlas en un polígono industrial», añadió . Esta situación ocasiona que «por una denuncia o una interpretación de una persona se habla de cantera ilegal, cuando no son las que están en la federación, sino que hay explotaciones que padecen un inestabilidad ocasionada por la administración», añadió Fernández.
La unión
El presidente de la federación, que agrupa a 40 ingenieros y 160 empresas del sector de la minería, subrayó que el problema «no es la crisis económica sino pedimos seguridad jurídica y por ello nos hemos unido; queremos dedicarnos a combatir la crisis económica pero no podemos porque tenemos que dedicar gran parte de recursos a combatir la inseguridad jurídica».