El segundo informe de Abogacía de la Comunitat Autònoma sobre las autovías concluye de nuevo que el Govern sí tenía competencias para construirlas, ya que una sentencia firme del Tribunal Supremo dice que el convenio que rompió el Ministerio de Fomento en 2004 sigue vigente.
Así lo explicó ayer la directora general d'Obres Públiques del Govern, Ana García Serrano, que cree que el Govern progresista ha incurrido en «manipulación al decir verdades a medias» y además «ha ocultado» que ya existe esa sentencia que resuelve que el Govern de Matas sí podía construir las autovías.
Este segundo informe de Abogacía, que sigue sin ver delito en la construcción de las autovías y cuya conclusión se hizo pública hace unos días, analiza el dictamen de un penalista de la Universidad Carlos III encargado por el Govern progresista que sí aprecia malversación y prevaricación.
En cuanto a la adjudicación de las obras, donde el informe encargado por los progresistas ve indicios de delito porque se adjudicó a empresas que no cumplían los requisitos ofertados por el Govern, Abogacía recuerda que las adjudicaciones son muy complejas y están sujetas a la «labor subjetiva de los técnicos». De hecho, ya en la auditoría se decía que la Administración tiene «potestad discrecional».
Respecto a la falta de informe favorable de Recursos Hídrics al proyecto de trazado de la autovía del aeropuerto, la Abogacía defiende que el constructivo sí era correcto.
En la auditoría se detectó que en la carretera de Sant Antoni debería haber más puntos para contar vehículos, algo que la constructora incumple. En este segundo informe Abogacía reitera que hay que reclamarle que los instale. «No se ve indicio de prevaricación ni de malversación porque ya la Abogacía pidió en 2010 que se pusieran», añadió la directora.
«Quieren mantener el tema vivo por cuestiones partidistas»
La directora general explicó que el actual Govern «da por zanjada» la posibilidad de que puedan haber responsabilidades penales en las autovías que porque la auditoría «no vio indicios de delito» y ello se demuestra porque el anterior Ejecutivo «no hizo nada» por denunciarlo.
«Como no les gustó lo que decía Abogacía gastaron 21.000 euros en este informe sin ni siquiera tener en cuenta lo que decía la Abogacía y rebatirlo punto por punto», añadió García Serrano.
Respecto a la denuncia presentada ante Fiscalía por un grupo de antiautopistas por este motivo, García Serrano dijo que el informe de la Universidad Carlos III «es muy parcial» y consideró que la única finalidad de estos activistas es «mantener vivo el tema por cuestiones partidistas pese a que ya no da para más».
La directora también indicó que el hecho de que no se haya hecho la obra de drenaje es culpa del Govern progresista, que debería haberlo terminado porque la carretera ya lleva dos años recepcionada.
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