Mariano Juan en su despacho del Consell d'Eivissa. | Marco Torres

Fue funcionario del Estado durante 15 años y más tarde empleado de banca. En 2007 entró en el Ayuntamiento de Santa Eulària como teniente de alcalde de Vicent Marí y en solo una legislatura ha dado el salto a conseller. Este ascenso meteórico no es tal si se tiene en cuenta que lleva una veintena de años afiliado al PP y es presidente del partido en Santa Eulària. Tiene 53 años.

-¿Qué se debatirá en la próxima reunión con PSOE-Pacte para alcanzar un pacto territorial?

-El encuentro está previsto para el día 1 y aportaremos una serie de ideas, a ver si somos capaces a llegar a un pacto para no cambiar normativas cada cuatro años y dejar de marear a la gente.

-¿Lo prioritario es acabar con la moratoria en Àreas Naturales de Especial Interés (ANEI)?

-Esta moratoria impide que se puedan hacer segregaciones y que se puedan dar licencias de construcción. Hay que llegar a un acuerdo porque ahora está todo paralizado.

-¿La posibilidad de construir campos de golf también se abordará en esta reunión?

-Quizás entrará en estas negociaciones, aunque puede que no sea un tema tan prioritario. Sí que nos gustaría hablarlo y llegar a un entendimiento. No es malo que se puedan hacer algunos campos de golf ecológicos sin ampliar edificaciones en zonas deterioradas, porque pensamos que es una oferta complementaria de turismo que necesitamos y que no podemos despreciar, ya que en otros lugares da rendimiento.

-¿Cuántos campos de golf les gustaría que hubiera?

-Nosotros no tenemos un concepto de tantos o cuántos. Pero los promotores de campos de golf coinciden en que un solo campo de golf como el que tenemos no tiene atractivo turístico porque la gente quiere cambiar de campo. Esto depende de lo que permita Eivissa. Si se pueden hacer dos o tres ya está bien y si no, los que se puedan hacer. Se tienen que buscar lugares que lo permitan, zonas deterioradas y que no se incremente la edificación, por lo tanto no depende de una decisión política sino de la inversión privada.

-¿El proyecto de campo de golf de Platja d'en Bossa que impulsó Matutes es irrecuperable o se podría hacer si hubiera un cambio de normativa?

-Este campo de golf quizás se ha demonizado un poco por los apellidos que lleva y no por la situación. Yo no soy técnico y no podría definir si es un lugar adecuado y si tiene problemas o no. Si no tiene problemas es un lugar como otro. Es un campo que podría relanzar Platja de'n Bossa y si los informes técnicos lo avalasen podría ser uno de los lugares. Pero es una cuestión técnica y de estrategia comercial, porque no lo harán en un sitio que no tenga posibilidad de ser comercializado.

-Otra de las cuestiones que quieren abordar con la oposición es la legalización de las edificaciones que en su día se construyeron ilegalmente pero cuyo delito urbanístico ya ha prescrito.

-Este es uno de los temas que se tratarán porque se tiene que dar una solución tanto a núcleos rurales como a viviendas donde ha prescrito la infracción urbanística, ya que son viviendas existentes y no se pueden derrumbar. Se les tendría que dar una salida para que contribuyeran a las arcas públicas pagando los impuestos que se les apliquen, y ya estaba previsto en la ley anterior del PP [derogada por los progresistas] que aparte de la licencia tenían que pagar un 10% para recuperación medioambiental .

-El tema es que estas personas paguen una penalización para que no constituya un agravio comparativo con los que sí construyeron legalmente.

-El agravio comparativo es ahora, que tienen la casa y no pagan nada y yo digo que ellos tendrían que pagar una licencia y una penalización del 10%. Esto es lo que preveía esa ley, ahora lo podemos hablar porque lógicamente es algo que no se puede hacer gratis. Pero el agravio es ahora porque tienen la vivienda, la utilizan, no se les puede tirar y no pagan. Simplemente no tienen cédula de habitabilidad. Están perjudicados ellos y la Administracion. No sé cuántas viviendas puede haber en esta situación, porque no hay estadísticas, pero confío en llegar a un acuerdo con la oposición en este tema porque creo que hay que hacer cumplir la ley de discipina urbanística, pero a lo que ya está consolidado también tenemos que darle una salida para que la Administración cobre lo que ha dejado de ingresar.

-¿Y qué harán en cuanto a puertos deportivos?

-No tenemos mucho que plantear porque la ley de puertos deja sin competencias a los Consells. De esto también hablaremos con la oposición, de si hay que reducir las posibilidades, pero hay que dejar claro que la ley de puertos nos quita estas competencias y la última palabra la tiene el Govern. No depende mucho de nosotros, ni tiene mucha importancia.

-También plantean ustedes una modificación legislativa para devolver las competencias a los ayuntamientos en sa Coma.

-Estuvimos reunidos con Sant Antoni y Santa Eulària y planteamos devolverles sus competencias para que puedan dar las licencias de actividad y obras en este espacio. Ahora estamos hablando con ellos para redactar un modificado a la ley 10/2010 [ley de sa Coma] que permita la devolución de competencias para que ellos retiren el contencioso.

-Sant Antoni ha dicho que por ahora no retirará el recurso de inconstitucionalidad.

-No, claro. Hasta que no se modifique la ley no creo que lo retiren porque no tendría sentido, ya que por ahora solo hemos hablado de ello. Imagino que lo retirarán cuando estemos de acuerdo con el texto para modificar el decreto de sa Coma. La idea es calificar el espacio como régimen general de equipamiento municipal diverso con la finalidad de que se puedan poner todo tipo de servicios municipales. La parte que corresponde a Santa Eulària ya queda recogida así en su nuevo planeamiento. Sant Antoni no porque aún no lo ha aprobado inicialmente. Si estamos de acuerdo, la modificación legislativa podría aprobarse ahora, cuando empiece el período parlamentario.

-No convocarán el Consell del Territori para consensuar el modelo urbanístico con la sociedad, pero ¿escucharán a aparejadores, constructores, arquitectos y ecologistas?

-Sí, claro, queremos escuchar a todo dios, pero también tenemos que tener en cuenta que esto no se puede eternizar. Tenemos un mandato de nuestros votantes, que nos han elegido para que no batalláramos cuatro años. Escucharemos y, si son cosas razonables, evidentemente lo recogeremos.

-¿Se incrementará la labor de disciplina urbanística o ya funciona suficientemente bien?

-Funciona pero no se puede descuidar. La disciplina urbanística es muy importante para no seguir creciendo indiscriminadamente. Le prestaremos especial atención.

-¿Ahora incrementarán la vigilancia para obligar a las casas que tengan un radio de 25 metros sin árboles para evitar incendios?

-Las experiencias desagradables con los últimos incendios nos hacen pensar que es necesario. Debe haber casas que lo cumplan, pero quizás no se controla, por eso los ayuntamientos y el Consell tendremos que vigilar.

-¿Ve la construcción como una forma de salir de la crisis?

-Si ahora logramos desbloquear proyectos no será una salida definitiva de la crisis, pero la paliaría un poco si este invierno se puede dar trabajo por ejemplo a 40 viviendas. Podemos arreglar algunas pequeñas economías.

-¿Qué les diría a los que piensan que el PP es poco ecologista y más constructor?

-Que es un mito. Siempre digo que yo soy tanto o más ecologista que ellos y me gusta cuidar la tierra, el campo, el mar y nuestra naturaleza más que nadie. Pero hay que saber compaginar una cosa con otra y no hay que confundir nunca la protección con el abandono, porque el no dar subvenciones o el no dejar hacer nada lleva al abandono y a los incendios. Hay que tener un aprovechamiento del suelo.

«Queremos proteger al máximo Benirràs gastando lo mínimo posible»

-¿Se desprotegerán Benirràs y Roca Llisa para evitar pagar las indemnizaciones que piden los propietarios?

-Estamos pendientes de hablar con el Govern, porque si se tiene que modificar algo se tendrá que hacer en el Parlament y si se tiene que indemnizar lo tiene que hacer el Govern. Nosotros estamos a su disposición para negociar con los propietarios para ver si podemos salvar las indemnizaciones. Es un tema que no pondremos todavía sobre la mesa para negociar con la oposición dentro del Pacte pel Territori, porque primero queremos saber cuáles son las intenciones y posibilidades del Govern.

-El Govern no tiene dinero ahora y supongo que no querrá pagar estas indemnizaciones, por lo que se tendrá que dejar construir.

-Las indemnizaciones no las podríamos cuantificar porque hay pedidas por valor de 900 millones de euros. Evidentemente pueden estar infladas, pero aunque lo redujéramos a la mitad sería una exageración, quiero decir que no habría posibilidad de pagarlo. Se tendrá que ver qué responsabilidad real hay. Quizás algunos piden mucho y no tienen derecho a tanto. Hay que estudiar expediente por expediente.

-¿La situación ideal a la que aspiran cuál es?

-Que se pudiera proteger lo máximo posible y gastar lo mínimo posible. Pero no sabemos cómo acabará, porque puede acabar en los juzgados y ahora muchos estarían agradecidos de que les pagaran porque ahora no es tan atractivo construir.

-¿Ses Variades será urbano?

-Lógicamente Sant Antoni lo contemplará en sus normas como urbano. Nosotros desde el Consell, siempre que se cumplan todos los informes, no tenemos ningún inconveniente. Personalmente pienso que es una zona degradada.

-¿Y ses Feixes del Prat de Vila?

-El Ayuntamiento de Eivissa lo puso dentro de su PGOU como suelo rústico protegido y el Consell no tiene nada que decir.

-Sí, pero como los propietarios siempre reclaman su derecho a edificar porque antes era urbano...

-Y tienen razón, la UA 12 y la 8 han sido urbanas. Es un tema que tiene el Ayuntamiento con estos propietarios y habrá que buscar alguna solución. Para que volviera a ser urbano habría que hacer una modificación puntual del planeamiento. Ahora en este momento es imposible, se tiene que indemnizar, comprar o llegar a un acuerdo con los propietarios.