El Consell d'Alcaldes acordó ayer modificar la ley para que sean los ayuntamientos los que otorguen las licencias temporales de taxis y no el Consell. Esta cuestión originó la pasada legislatura una gran polémica, ya que el equipo de gobierno progresista repartió las licencias entre asalariados y patronos, lo que enfadó a estos últimos.
«Es importante que sean los ayuntamientos los que hagan la distribución, porque son los que conocen mejor las necesidades de este servicio», indicó el presidente del Consell, Vicent Serra, que aclaró que sí que habrá que establecer criterios «homogéneos y coordinados» a través del Consell d'Alcaldes. «Esto mejorará la gestión y rentabilización social de un servicio que es público», añadió Serra, que recordó que las competencias en materia de taxis son municipales. «Esto facilitará el cumplimiento de la ordenanza de taxis, ya que en algún caso quedaban fuera de normativa unas licencias otorgadas por el mismo Consell», aclaró el presidente.
Serán los consistorios también los que marquen el número de autorizaciones estacionales a otorgar, siempre en función a un máximo establecido por la legislación. Para que los ayuntamientos puedan dar estos permisos se tendrá que cambiar vía Parlament una normativa que dio previamente la potestad al Consell.
En la reunión no se abordó la problemática de los taxis prirata, pero Serra remarcó que entre Consell y Govern ayudarán a los ayuntamientos a combatir esta lacra.
Los PIOS se regirán por los criterios de 2011
En la reunión también se habló del Plan Insular de Obras y Servicios (PIOS), que prevé obras en los ayuntamientos con financiación estatal, autonómica y del Consell. Se acordó que los criterios de reparto entre los diferentes municipios serán los mismos que se hicieron en la pasada legislatura y que el presupuesto también será similar al del año pasado. El conseller de Cooperació Municipal, Antoni Marí, Carraca, aclaró que se han cogido «prácticamente las mismas bases» del equipo de gobierno anterior para que no haya «situaciones desiguales ni interpretaciones». Serra añadió que están pendientes de recibir la conformidad de todas las administraciones para no tener problemas de liquidez.
Acuerdo para cambiar la ley y devolver a los ayuntamientos sus competencias en sa Coma
El Consell d'Alcaldes acordó ayer modificar el artículo 1 de la ley 10/2010, también conocida como ley de sa Coma, para devolver a los ayuntamientos de Santa Eulària y Sant Antoni sus competencias sobre la zona.
Según anunció Vicent Serra, todas las infraestructuras que se hagan allí, que serán de ámbito insular, se abordarán previamente en el Consell d'Alcaldes.
«Necesitábamos dar cobertura legal a las infraestructuras y actuaciones de sa Coma», recordó Vicent Serra, que avanzó que a partir de la semana que viene el Consell pedirá licencias para legalizar los servicios que ya funcionan y los nuevos que se instalen.
La alcaldesa de Sant Antoni, Pepita Gutiérerz, indicó que el de ayer es un «primer paso» para que el Ayuntamiento retire el recurso que interpuso ante el Constitucional contra la ley de sa Coma. «En el momento en qeu la autonomía municipal quede rpotegida y volvamos a tener las competencias el Ayuntamiento procederá a la retirada de los recursos», indicó.
Vicent Serra recordó que ahora mismo sa Coma existe una situación «alegal» porque no se han pedido licencias para actividades ni para infraestructuras.
El texto definitivo quedará así: «La concreción de los proyectos a ejecutar en el citado ámbito será acordada por el pleno del Consell, una vez escuchado el Consell d'Alcaldes y previo informe favorable de los ayuntamientos en el ámbito territorial del cual se ubican los correspondientes proyectos en aquello que respecte a las actuaciones a realizar en su respectivo término municipal. Corresponderá al ayuntamietno competente el otorgamineto de las autorizaciones administrativas legitimadoras de las actuaciones de edificación y/o transformación urbanística».
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