Antoni Joan, junto a la sede del periódico Última Hora en Eivissa. | Marco Torres

Antoni Joan Serra es uno de los liberados sindicales de Eivissa (del sector educativo) que podría verse afectado por la decisión del Govern balear de dejar en suspenso el acuerdo sobre acción sindical suscrito con los sindicatos en 2006 ante la «grave situación económica» que atraviesa la comunidad.

-Tengo entendido que en Balears existen 85 liberados sindicales en el sector educativo, de los que unos diez corresponden a Eivissa. ¿Considera usted que podría realizarse un recorte, dados los tiempos que corren, aunque no coincida con el del Govern?
-Esa es una pregunta complicada. Podría ser, pero me gustaría señalar que con todas las medidas restrictivas que ha habido, la conselleria de Presidència no ha entrado en estas medidas. Las personas que trabajan para el presidente seguirán cobrando su plus de productividad porque el acuerdo de gobierno así lo considera. Reducir la representación sindical siempre implica reducir derechos de los trabajadores.

-¿Qué se perderá por cada liberado sindical que vuelva a trabajar?
-Los trabajadores perderán unos representantes que negocian, estudian derecho y leyes, hacen propuestas, presentan contenciosos y ayudan a que todo aquello que se va haciendo no vaya en detrimento de las condiciones de trabajo de los trabajadores.

-¿Cuáles son las últimas tareas destacadas que han realizados los liberados sindicales en la educación en Eivissa?
-Presionar ante la carencia de infraestructuras, gestionar un fallo en la puntuación de un compañero que estaba en la lista de interinos u organizar cursos gratuitos para el reciclaje de compañeros.

-¿En qué momento está el sector educativo en las Pitiüses?
-Si la enseñanza funciona mínimamente es gracias a los profesionales de la enseñanza y no gracias a los políticos que gestionan este asunto. La educación que no está concebida como la inversión que es, sino como un gasto. Un dato singnificativo es que al parecer, en Balears se destina el 2,99% del PIB a la educación. Sindicatos y padres solicitan que este dato se asemeje a la media europea que anda por el 6%. Yo no me puedo imaginar cómo funcionaría un sistema educativo con el doble de recursos de los que tenemos ahora.

-¿Qué es lo que más urge?
-Que las infraestructuras se pongna al día, que las ratios (relación de alumnos dentro de un aula) bajen, se dediquen los porcentajes de dinero necesarios (en torno al 6% del PIB, como en Europa) y que se potencie la Formación Profesional.

-¿Cómo se combate el fracaso escolar?
-Por descontado que hay cosas que se han de cambiar dentro y fuera de los centros educativos, pero básicamente es una cuestión de inversión. Cada fracaso hay que tratarlo de manera individualizada y eso es caro. La justicia es cara. Hoy he conocido el dato de que el 90% de los alumnos que tienen problemas con la justicia también padecen fracaso escolar. Por el camino de ese joven no se han tomado todas las medidas necesarias, pero también las de su escuela han sido insuficientes. Eso se puede paliar con inversión.

-¿Considera usted que vamos camino de la privatización de la educación?
-No me gustaría decirlo, pero la sensación sí que es ésta. Me sabe muy mal esta campaña, premeditada por el Govern y la parte de la sociedad que lo aplaude, de tratarnos como gandules a los maestros y a los sindicalistas si cabe el doble. Es un mensaje que se ha ido transmitiendo el de que los profesores trabajan muy poco y eso no es cierto, pero ha calado en la sociedad. Si no nos valoran, mal vamos. Esta campaña de desprestigio que han realizado contra los maestros, para mí está en el camino a la privatización de la enseñanza.