Pedro Juan Marí Noguera, en su despacho de las oficinas municipales de Santa Eulària. | Marco Torres

Licenciado en Economía, Pedro Juan Marí Noguera (1964) es funcionario del Ayuntamiento de Eivissa y fue tesorero de este Consistorio por 16 años. Mantiene su puesto de economista en Vila, que en la pasada legislatura combinó con la concejalía de Hacienda de Santa Eulària, que ejercía con dedicación parcial. Este año inició su segunda legislatura como responsable del mismo departamento pero con dedicación exclusiva. Es militante del PP desde que empezó como edil en Santa Eulària. «Siendo funcionario no tocaba, me di de alta en el PP cuando entré en política. Hay que ser consecuente con los actos que uno hace», explica.

—¿Cómo lleva las críticas hacia el alcalde y los concejales por los salarios que perciben?
—No me gusta hablarlo porque es muy difícil que la gente valore los sueldos de los demás. Personalmente, creo que no tenemos unos sueldos excesivos, al revés, por la responsabilidad que tiene, sobre todo el alcalde, y la dedicación que tiene, creo su sueldo es medio bajo, es mi criterio personal. Es un tema que uno aprende con el tiempo, es muy difícil hacer entender a la gente por qué está bien que uno cobre más y otro cobre menos.

—También está el tema de las dietas, que el equipo de gobierno puede cobrar hasta 700 euros por mes si los justifican.
—Bueno, eso lo tiene sobre todo Educación que tiene una parte por asistencia. En cuanto a los concejales, depende de las dietas que vayan teniendo; hay una parte que puedes ir cobrando, de gasolina y esto. Más o menos está en otros sitios, pero no se ha regulado de igual forma y parece que aquí llama más la atención. Pero son gastos que si se realizan, se cobran y ya está.

—Pero estas dietas no se cobran en ningún otro ayuntamiento de la Isla.
—Sí, bueno, son dietas que se pagan por gastos. Yo creo que todos los políticos cuando viajan tienen gastos, aquí lo que pasa es que se establecen unos máximos y se dan formas más sencillas de justificarlos para no complicar su gestión, pero nada más.

—El Consistorio va a adelantar el dinero para la construcción del nuevo instituto mientras el colegio de Santa Gertrudis pide lo mismo para su ampliación y Sant Ciriac reclama reformas ¿Qué hará el Consistorio con estas peticiones?
—La idea es no discriminar, el que decide qué inversiones hace es el Govern balear, si nos ofrece lo mismo que para el instituto tendremos que planteárnoslo y bueno, igualmente estudiar un convenio. De todas formas esta es una decisión más del alcalde que mía, yo me dedico un poco a buscar y a solucionar.

—¿Hay margen de maniobra?
—Tenemos un margen de endeudamiento y entendemos que podríamos llevar a cabo esto. Pero el problema es que no sabemos los importes totales. Ahora mismo nos hemos planteado, a ver, qué es lo más importante que quieren los ciudadanos, y teníamos un montón de proyectos que considerábamos que teníamos que hacer en esta legislatura, pero hemos antepuesto las inversiones educativas. Lo que ocurre es que estamos en una situación de incertidumbre, porque hoy en día el Estado está como está, y no sabemos la regulación qué hará en cuanto a los ayuntamientos, en cuanto a su endeudamiento, es decir, que todo está un poquito en el aire. No sabemos qué pasará con la financiación, si nos aumentará el fondo, es decir, hay tantas variables. También hay que ver qué pasa con las entidades financieras, que cada día aprietan más. Ahora mismo sabemos que hay voluntad y que lo llevaremos a cabo.

—¿Cuánto costará el nuevo instituto?
—No lo sé decir, se habla de seis millones y medio, también de siete millones. Pero como no tenemos proyecto y no está cerrado, es hablar por hablar. Pero bueno, está por ahí, es lo que estamos más o menos valorando.

—¿Por qué Santa Eulària no se ofreció en la anterior legislatura a financiar el centro?
—Desde hace dos años que hablamos de esta posibilidad. Cada pleno era un tema del que se hablaba y además para el Ayuntamiento era un tema fácil de llevar porque se hacía vía cesiones de crédito: el endeudamiento corría a cargo del Ayuntamiento pero se conseguía que los bancos entendiesen que el aval de la comunidad autónoma también estaba. Lo que nos está planteando ahora el Govern es un convenio que no te da tantas garantías, aunque entendemos que no hay ningún problema y que va a cumplir con el convenio. Lo que pasa es que antes no ofrecían nada, nos decían que lo querían hacer pero no hacían nada.

—¿Cómo lleva Santa Eulària los pagos a sus proveedores?
—El Ayuntamiento está pagando entre 60 y 90 días. Lo que no tiene mucho sentido es que los ayuntamientos siempre hemos tenido este plazo y que ahora, en tiempos de crisis, nos obligan a pagar antes, y no nos dan facilidades porque el tema del endeudamiento es complicado porque nos lo limitan. No dan las herramientas para pagar un poco mejor, ponen trabas. El problema que tenemos siempre es el mismo, un desfase de liquidez hasta que ponemos a prueba los impuestos. Los primeros seis meses del ejercicio son los más duros. Y es ahí donde en verdad hay retraso en los pagos con los proveedores hasta que llega la recaudación.