Seis de las diez familias que serán desalojadas de Sa Penya se adhieren a las ayudas de Vila

Seis de las diez familias que residen de forma irregular en la Unidad de Actuación 27 (UA-27) y que reclamaron la colaboración del Consistorio han presentado toda la documentación para adherirse a las ayudas para buscar una vivienda de alquiler en la ciudad, según informó el Ayuntamiento de Vila a través de un comunicado. En el caso de las otras cuatro el Ayuntamiento está requiriendo toda la documentación necesaria.
Y es que, ayer se constituyó la junta rectora del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat en la que asistieron los concejales del equipo de gobierno Lina Sansano y Alejandro Marí, la portavoz del grupo PSOE-Pacte, Lurdes Costa, los consellers Pepita Costa, Carmen Ferrer y Álex Minchiotii. Por parte del Govern balear asistieron el conseller d'Administracions Públiques, Simón Gornés y la directora general de Patrimonio, Contratos y obras Públicas, Ana María García.
En la primera reunión de la nueva junta rectora se aprobó el cese del anterior gerente y el nombramiento del arquitecto Eirikur Francisco Casadesús, tal y como adelantó este periódico. Además, también se ratificó la resolución de prorrogar las ayudas de alquiler para las familias de la UA-27, al ser conscientes «de la dificultad que implica encontrar una vivienda de alquiler en Eivissa a las puertas de la temporada turística», apuntaron desde la administración municipal.
Asimismo, también se ha ratificado la resolución de Presidencia de la convocatoria de rehabilitación de fachadas en el marco de la subvención de la Ley de Barrios. Según el Ayuntamiento, dos edificios se han acogido a esta subvención [las propiedades ubicadas en la calle es Passadís, 10 y 26] cuyo importe asciende a 60.000 euros, de los que 54.000 serán aportados por el Govern. Las obras de rehabilitación de estos dos inmuebles deberán finalizarse antes del inicio del próximo año, informó el Consistorio.