Un momento de la sesión plenaria que se celebró ayer en el Consell de Formentera. | Guillermo Romaní

El pleno ordinario del Consell de Formentera propició un duro enfrentamiento entre la oposición y el equipo de gobierno con motivo de una moción presentada por GxF y PSOE con la finalidad de que el Govern balear no modifique la Ley de Funció Pública porque representa, según el equipo de gobierno, un paso atrás en el proceso de normalización lingüística desde el momento en que regula que «los conocimientos de la lengua catalana serán únicamente un mérito en lugar de un requisito para acceder a la función pública».
La consellera d'Educació, Cultura i Patrimoni, Sònia Cardona, señaló que la modificación propuesta por el Govern «representa una incomprensible desoficialización de la lengua catalana por parte de los representantes de la Comunitat, que habrían de velar por el espíritu de la Constitución española y el Estatut d'Autonomia que establecen claramente que nuestra Comunitat -subrayó Cardona-, tiene dos lenguas oficiales». Además según Cardona la propuesta de modificación de la Ley de la Funció Pública implica la imposibilidad de los ciudadanos a ser atendidos en catalán y castellano ya que el nuevo modificado prevé que «el personal técnico o el personal administrativo no tiene ningún contacto con el ciudadano, cosa totalmente incoherente y lejos del funcionamiento de la administración pública». Finalmente Cardona denunció que con la excusa de modificar dicha ley, de paso «se cargan la Ley de Normalización Lingüística de 1986 que queda vacía de contenido cuando su aprobación fue el fruto de un consenso político necesario aunque de mínimos».
El PP a través de su portavoz, José Manuel Alcaraz dijo estar al 99% de acuerdo con el anteproyecto de ley del Govern, y arguyó que no se deja una ley vacía de contenido ya que «sólo se modifican 8 de los 40 artículos» y añadió que la ley en cuestión, tiene 26 años «y la sociedad ha cambiado lo suficiente como para que deba modificarse y adecuarse no sólo a la realidad actual sino también a las sentencias al respecto del Tribunal Constitucional», y tras llamar en varias ocasiones «hipócritas» a los miembros del equipo de gobierno les preguntó: «¿Qué quieren? ¿quitar la oficialidad de la lengua castellana?». Por su parte el GUIF se limitó a apoyar la postura del PP aunque a la hora de votar se abstuvo en lugar de votar en contra como lo hicieron los populares.
El pleno aprobó de forma definitiva con la abstención del PP de la ordenanza de Obras Menores y Menores Simples en la que el conseller d'Urbanisme, Bartomeu Escandell, aseguró que se habían incorporado cuando menos en el espíritu las alegaciones presentadas tanto por la PIME de Formentera como por el propio PP. A partir de ahora se podrá presentar la solicitud de obras en la Oficina de Atención al Ciudadano y una vez presentada toda la documentación, se concederá la licencia de forma automática.